A siete meses del terromoto las comunidades siguen ruinas contrario al discurso oficial, manifestaron activistas
Autoridades y funcionarios del estado están implicados en la corrupción y desvío de al menos 17.6 millones de pesos del fondo para la reconstrucción de viviendas luego del sismo del pasado 19 de septiembre (19-S) por medio de aplicación de programas fantasma en las comunidades devastadas, así como por la imposición de la constructora MIA a los ciudadanos que perdieron sus casas.
Así lo señalaron integrantes del Comité de Ciudadanos por la Reconstrucción de Jolalpan y el Colectivo Reconstrucción de Izúcar de Matamoros quienes denunciaron que a 7 meses del terremoto, el anuncio del gobernador Antonio Gali Fayad sobre el éxito y avance de la reconstrucción tras el sismo en Puebla, no corresponde a la realidad.
Reclamaron que las comunidades afectadas por el sismo siguen en ruinas y que los ciudadanos cuyas casas fueron dañadas siguen durmiendo a la intemperie, o con miedo de que los muros caigan sobre ellos, pues la ayuda no ha llegado a las poblaciones y municipios del interior del estado.
Ante la gravedad de la situación, colectivos convocaron a una protesta y manifestación el próximo 2 de mayo en la que clausurarán las instancias del gobierno estatal como Casa Puebla y las oficinas del gobernador en el CIS, para evidenciar su omisión en la atención a quienes lo perdieron todo.
Desvío del recurso millonario que debía aplicarse a la reconstrucción
Ángel Manuel López Rafael, presidente de la asociación civil Desarrollo Social Humano y del Comité Ciudadano en Jolalpan sostuvo que la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (SEDESO) ha desviado 17.6 mdp a través de la aplicación fantasma del Programa Estatal de Cuartos Dormitorio en las comunidades devastadas.
Reveló que ha pedido a la Secretaría de la Contraloría que investigue la información hecha pública por la SEDESO que indica que se ha realizado la construcción de dormitorios y cuartos para baño por afectaciones del s19 en Chiautla, Chietla, Cohetzala, Izúcar de Matamoros, Huaquechula, Jolalpan, Tepemaxalco, con más de 700 acciones y casi 3 mil beneficiados, sin embargo la fecha no existe documentación que lo compruebe y en los municipios, existe evidencia de que este programa no fue aplicado.
Documentación oficial, por ejemplo, revela que en Jolalpan, “No cuenta con convenio para la implementación del programa Estatal de Cuartos Dormitorios correspondientes al 2017, así como para el Programa de Sanitarios con Biodigestores”, esto de acuerdo a los oficios SDS/095/2018, DESOCIU/SEDESO-P/01/2018, GEP-DESOCIU-JOLALPAN-015-2018, GEP-DESOCIU-JOLALPAN-016-2018 y DESOCIU/SEDESO-P/P017/2018.
Los colectivos aseguran que los probables responsables de haber desviado los recursos de Programas Estatales de Puebla son los servidores públicos de la SEDESO, Gerardo Islas Maldonado, exsecretario de Desarrollo Social del Estado, al ex subsecretario de Vivienda de la Sedatu; Juan Carlos Lastiri Quiroz; y al alcalde de Jolalpan, Antonio Javana García.
Hay evidencia de actos de corrupción del encargado de despacho de la Sedeso en Puebla, Roberto Villareal Vaylón; Luis Tiffaine Álvarez, subsecretario de Vivienda, Ricardo González Ramírez, Director de Vivienda, Luis Becerril Reynoso, Director del Fideicomiso para la Regularización de la Vivienda en el Estado de Puebla.
Constructora MIA, impuesta a los damnificados
Los ciudadanos que han emprendido un ejercicio de rendición de cuentas en las comunidades denunciaron que las personas afectadas han sufrido la presión de ediles coordinados con secretarías y delegaciones para que compren o adquirir los materiales y herramientas necesarias para la reconstrucción con un solo proveedor.
Entre los casos más álgidos está la imposición de la Constructora Mejoramiento Integral Asistido S.A. de C.V. (MIA) a daminificados en su proceso de reconstrucción de sus hogares.
Al seguir los datos de esta constructora, se ha conocido que no cuenta con proceso de licitación para la asignación de construcción de viviendas, ni contrato con el gobierno del estado, sin embargo, es la empresa que a la fecha se ha hecho cargo.
Los ciudadanos denunciaron que a pesar de que han documentado que el prototipo de vivienda que están construyendo no está autorizado por no cumplir las normas de construcción de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), y que hay evidencia fotográfica actualizada de las fallas de construcción a unas semanas o meses de la entrega, denunciada ante las dependencias gubernamentales, la constructora MIA continúa con los trabajos.
Los integrantes de los colectivos señalaron que a pesar de las constantes peticiones de audiencia con el gobernador Antonio Gali Fayad, hechas desde hace seis meses, el mandatario se ha negado, refiriéndoles a las dependencias que a la vez también les ha referido a la oficina del gobernador.
