Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial locales no atienden actualmente las necesidades de este sector de la población, señaló el ombudsperson.
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNHD), Luis Raúl González Pérez solicitó a los integrantes de la LXIII Legislatura local implementar las acciones necesarias para garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad, así como reconocerlas como sujetos de derechos y colaboradores en el desarrollo del país.
Lo anterior, con base a los resultados del ‘Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el Estado que Guarda los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en las Entidades Federativas del País”, en los que se establece que la armonización legislativa en las entidades federativas del país es insuficiente para garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio, goce y disfrute de sus derechos humanos.
Para ello, la CNDH estableció que es necesario que las entidades implementen la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para conocer el estado de los derechos humanos de ese sector de la población.
El cuestionario que el organismo autónomo aplicó a las 32 entidades federativas, respecto a las obligaciones generales y la mayoría de los derechos plasmados en la Convención, fue contestado por el Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad (ITPCD) con solo soporte documental respecto a los temas de armonización legislativa, asignación presupuestal, mecanismos de consulta ciudadana, toma de conciencia, mujeres con discapacidad, niñas y niños con discapacidad, igualdad y no discriminación, acciones, mecanismos de prevención y protección y políticas públicas, accesibilidad.
De la misma manera contestó los cuestionarios con respecto a los derechos de acceso a la información, igual reconocimiento como persona ante la ley, acceso a la justicia, protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, protección contra la explotación, la violencia y el abuso, derechos a la salud, educación, a la rehabilitación, al trabajo y al empleo, protección social, a la participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte, entre otros.
Entre los temas que resaltaron en los resultados del informe fue la asignación presupuestal, en el que el Gobierno del Estado reportó asignó presupuesto (sin dar a conocer la cantidad) para accesibilidad en dos acciones importantes, la adquisición de 12 camionetas adaptadas con asientos y rampas para el traslado a centros escolares, instituciones médicas hospitalarias dentro y fuera del Estado, Unidades Básicas de rehabilitación, CAMs, y Centros de Capacitación, ITPCD y CRI; de igual forma se realizó la remodelación de las oficinas de atención del SEDIF, con la implementación de rampas, pasillos y oficinas amplias y en primer piso para el libre acceso.
Ante esa carencia de información, la CEDH concluyó que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial no están atendiendo las necesidades de este sector de la población, por lo tanto no se están llevando a cabo las acciones necesarias tendientes a garantizar el disfrute y ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones que las demás personas, además de que reciban atención con calidad y calidez por parte de las instituciones públicas.
Ante ello, el ombudsperson pidió al Congreso del Estado girar instrucciones a quien corresponda para que se implementen las acciones necesarias tendentes a cumplir con las conclusiones y propuestas dispuestas en el informe especial.
