Dependencia del Ejecutivo, presupuesto corto y solo 15% de denuncias judicializadas ponen a la Fiscalía Anticorrupción de Tlaxcala como una de las más débiles
La Fiscalía Anticorrupción de Tlaxcala es una de las instituciones estatales más débiles del país por no ser independiente, no tener presupuesto suficiente y reportar niveles bajos de judicialización de denuncias por casos de corrupción, señala el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El informe «Levantemos la voz de las fiscalías anticorrupción«, que publica el IMCO, revela que entre 2020 y 2022 la Fiscalía Anticorrupción de Tlaxcala solo ha judicializado 15 por ciento de las denuncias de corrupción contra funcionarios, la eficiencia más baja junto con la de los estados de Querétaro y Guanajuato.
En 2022 ha iniciado 559, de las cuales, ha judicializando 125 sin ninguna sentencia condenatoria. Esto también se observa en el análisis de 2020, cuando se iniciaron 624 investigaciones por corrupción y se judicializaron 16 también con cero sentencias condenatorias.
Una de las características que mantiene a la Fiscalía Anticorrupción de Tlaxcala con niveles bajos de eficacia es su dependencia del Ejecutivo y el no tener autonomía para investigar, judicializar y sancionar casos de corrupción.
Por ello, el IMCO ha colocado a Tlaxcala junto con Aguascalientes, Chiapas, Estado de México Guanajuato, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas con un nivel deficiente respecto a su marco jurídico y procedimientos de investigación de delitos de corrupción.
El IMCO evaluó 15 variables operativas y legales de las 32 fiscalías estatales. La de Tlaxcala solo cumple con cuatro de los criterios: fundamento legal para su creación, catálogos de delitos anticorrupción, ley orgánica y organigrama.
Sin embargo, carece de autonomía, reglamento interno, manual de procedimientos, protocolos de investigación, protocolo de audiencias, protocolo de protección a testigos, protocolo de entregas vigiladas, protocolo de operaciones encubiertas, protocolo de corrupción al interior y archivo de acuerdos.
Además de Tlaxcala, las Fiscalías de Puebla, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Zacatecas carecen de autonomía; es decir, el nombramiento del fiscal Anticorrupción no es autónomo, lo que pone en riesgo la imparcialidad y objetividad en la persecución de los delitos contra funcionarios del Estado.
Sobre el nivel de cumplimiento, la fiscalía de Tlaxcala tuvo un resultado deficiente al judicializar apenas una de cada 10 denuncias de corrupción. A esto se suma que entre 2021 y 2022, el Ejecutivo local le «apretó el cuello» a la Fiscalía de Tlaxcala con un recorte presupuestal de 4.5 por ciento, al pasar de 11.2 a 10.7 millones de pesos.
Para el IMCO, esto significa un retroceso, ya que estas instituciones deben tener un incremento anual según sus leyes, aunque entre 2019 y 2022 hay un incremento presupuestal de 10 por ciento, el décimo más alto entre las 32 fiscalías.
Por último, el informe detalla que la fiscalía anticorrupción de Tlaxcala tiene un nivel regular en el criterio sobre el capital humano; es decir, cumple con nueve de los 12 criterios; en este caso, todos los MP tienen licenciatura, todos los policías de investigación tienen bachillerato, todos los analistas tienen licenciatura; los MP, peritos y analistas recibieron capacitación, hay investigaciones en curso y sanciones contra el personal.
En cambio, no todos los peritos tienen licenciatura, no todos los oficiales ministeriales tienen bachillerato, no todos los peritos ni oficiales ministeriales recibieron capacitación.
Esto y la falta de presupuesto ha condicionado el número de personal para investigar. Según el informe, Tlaxcala tiene los niveles más altos de carga de trabajo con al menos 100 investigaciones por cada Ministerio Público Anticorrupción.
