El gobierno de Puebla, en un periodo de 20 meses correspondientes a la gestión de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, ha invertido 56 mil 800 pesos diarios, para realizar obras que permitan sanear la cuenca del Alto Atoyac. Es decir, por cada minuto hubo 2 mil 368 pesos destinados a esta causa, que desde 2017 se volvió una prioridad en materia ambiental y de salud por recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
De hecho, la limpieza de este afluente que corre por los estados de Puebla y Tlaxcala, se convirtió en uno de los 100 compromisos prioritarios de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lo que causó gran expectativa, pues es la primera vez que desde el Gobierno Federal se asume como un tema importante.
La Cuenca del Alto Atoyac, en la que confluyen seis afluentes importantes de la región Puebla-Tlaxcala, es la quinta zona del país más contaminada, al grado de que el gobierno federal la ha considerado como una de las siete Regiones de Emergencia Socioambiental (RESA) del país, según el Consejo Nacional de Ciencia, Humanidades y Tecnológica (Conahcyt).
De acuerdo con información proporcionada a URBANO Noticias, para el saneamiento del Río Atoyac, el gobierno de Puebla ha realizado seis obras para el tratamiento de ese cuerpo de agua para lo que se ha destinado una inversión de 34.1 millones de pesos.
Las obras efectuadas son: edificado drenaje sanitario, alcantarillado, biodigestores y plantas de tratamiento en los municipios de Chiautzingo, Domingo Arenas, Huejotzingo y San Salvador El Verde.
Otras acciones realizadas por el gobierno de Puebla para el saneamiento del Río Atoyac es la incorporación de 71 autoridades municipales, 22 de Puebla y 49 de Tlaxcala, para generar el Programa de Ordenamiento Ecológico para la subcuenca de ese cuerpo de agua. Lo anterior mediante la firma de un convenio con la Federación.
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Igualmente, desde 2023, la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial tiene un programa conjunto con alrededor de 130 empresas textiles con la finalidad de que reduzcan sus descargas contaminantes a los afluentes del Río Atoyac.
Es importante señalar que la contaminación del río Atoyac y las afluentes que están relacionadas como es la Presa de Valsequillo, no es solo un tema de relevancia en el rubro de medio ambiente, sino que escaló a grave problema de salud pública pues se asocia al incremento en casos de enfermedades renales crónicas (ERC), que pueden llegar a ser letales en los pacientes más jóvenes, y las leucemias infantiles y juveniles, en la población cercana, según diversas investigaciones, entre ellas la realizada por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
El Primer Informe Estratégico Cuenca del Alto Atoyac (Tlaxcala y Puebla): región de emergencia sanitaria y ambiental; problemática socioambiental y recomendaciones para su atención integral es fruto de las investigaciones e incidencia de los Pronaces ATPC, Agua y Salud, es un reporte que muestra los resultados de estudios inéditos, que sirvieron para documentaron sólidamente la asociación entre algunos contaminantes y daños a la salud de la población en la cuenca.
De acuerdo con el informe estratégico, el 41 por ciento de los casos de leucemia aguda en menores de 20 años en los estados de Puebla y Tlaxcala es de niños, niñas y adolescentes que residen a lo largo del río y sus afluentes contaminados.
Los altos niveles de contaminación y la relación sustentada con evidencia científica entre la contaminación y las enfermedades que padece la población a lo largo del Alto Atoyac, ha motivado al Conahcyt emitir al menos 12 recomendaciones para el saneamiento del rio y el cuidado de la población.
Entre estas, destacan cuatro ejes de atención: la tensión en salud que implica que los gobiernos de la región creen programas de atención y prevención, programas de detección de enfermedades y un registro de enfermedades renales y cáncer, así como la creación de una contraloría social ambiental.
El segundo eje es sobre la legislación y la política ambiental que pretende que los gobiernos consideren la cuenca como una zona prioritaria de atención sanitaria y ambiente. Además, es necesario la reorganización de la política industrial con enfoque medioambiental, a fin de regular la industria.
Las otras dos acciones tratan sobre el monitoreo sobre la restauración ambiental y de salud pública, y acciones generales de fondo que establezca medidas transexenales.
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