«Se va a investigar y fincar las responsabilidades que hubiere, si el alcalde tiene responsabilidades de tipo administrativo se hará», dijo.
La protesta en Amozoc durante el jueves fue parte de un movimiento político de opositores al edil Mario de la Rosa Moreno, señaló el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, quien reprobó los actos violentos como la quema de tres patrullas y vehículos particulares, el cierre de carreteras y las agresiones a funcionarios.
Sostuvo que las 200 personas que protagonizaron la manifestación cometieron diversas violaciones a la ley, pues las formas de que la ciudadanía se exprese son otras, sin embargo dijo que la Secretaría de Gobierno (Segob) ya interviene para conciliar y que este día sostendrá una reunión el titular de la dependencia, David Méndez Márquez, con los quejosos.
«Eso no es válido, es violar la ley, esa forma de irse a manifestarse violentamente, querer agredir y violentar a la autoridad esa no está permitida que quede bien claro, así que nosotros no vamos a alentar eso», manifestó durante una entrevista transmitida por Oro Noticias, en la frecuencia 94.9 FM.
Sobre la permanencia de De la Rosa Moreno comentó que ello no le corresponde al Ejecutivo estatal; no obstante, indicó que habrá auditorías a su administración para que en caso de que hubiere irregularidades se finquen las responsabilidades correspondientes.
«Se va a investigar y fincar las responsabilidades que hubiere, si el alcalde tiene responsabilidades de tipo administrativo se hará la auditoria correspondiente, pero permitir que esos hechos ocurran por cuestiones políticas no es Estado de Derecho».
Sostuvo que el uso legítimo de la fuerza nunca se excederá en una manifestación, pues su administración mantinen la postura de que «la violencia no se resuelve con violencia».
Ante los conflictos de gobernabilidad en varios municipios administrados por ediles emanados de Morena, aseveró que 2020 tiene que ser el año donde se ajusten las cosas, pues dijo que «gobernar es difícil».
Pirataje en transporte público será delito
Por otra parte, indicó que recibió una administración descompuesta y que ya cuenta con suficiente información sobre las anomalías cometidas en anteriores administraciones que tienen que ver con un desfalco de recursos, por ello advirtió –sin mencionar nombres– que «todos los que violaron la ley deben preocuparse», pues habrá sanciones administrativas y penales en caso de que hayan incurrido en delitos graves.
Sobre el emplacamiento obligatorio indicó que más que una medida recaudatoria, es una disposición para mejorar la seguridad en la entidad, además dijo que para quienes hayan cambiado sus placas en los últimos meses solamente tendrán que realizar el canje, sin ningún costo.
Reveló que por el emplacamiento y control vehicular esperan recaudar hasta mil 500 millones de pesos, que servirán para erogar parte del subsidio a transportistas por la tarifa preferencial a estudiantes.
En ese tenor, anunció que el lunes el Ejecutivo presentará ante el Congreso local una iniciativa para tipificar como delito el uso de vehículos para servicio de transporte público, sin que cuenten con una concesión de servicio mercantil correspondiente, lo que será para combatir el «pirataje», pues también implicaría sanciones para los conductores irregulares.
También sostuvo que si en la siguientes semanas concesionarios no cumplen con mejoras y equipamiento a sus unidades antes de vencer el plazo el 12 de febrero iniciarán operativos y procesos de revocación de concesiones.
