El próximo 6 de agosto se vence el plazo para emitir la disculpa pública respecto a los casos de tortura cometidos contra elementos policiacos acusados y detenidos por el presunto delito de secuestro exprés.
La recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), respecto a los casos de tortura cometidos contra elementos policiacos acusados y detenidos por el presunto delito de secuestro exprés, ha sido incumplida por la Secretaría de Gobierno (SEGOB) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Al respecto el ex director de la policía acreditable de Tlaxcala, Jorge López Pérez, dio a conocer que pese a que la recomendación emitida por el organismo autónomo ya fue aceptada por ambas dependencias, no han dado respuesta para resarcir los daños causados a los afectados, como es una disculpa pública y pago de gastos médicos e indemnizaciones.
En entrevista, explicó que al darle seguimiento al caso le informaron que ya inició el procedimiento, pero no dicen si existe una carpeta como tal y ya pasaron más de 30 días de que salió la recomendación.
“Lamento que no se haya cumplido ningún punto como el pago los gastos médicos, los salarios desde el momento de la detención hasta el día que se emite la recomendación de la (CEDH)”, aseveró.
Recordó que el próximo 6 de agosto se vence el plazo que estableció la CEDH para emitir la disculpa pública.
“Confió en que el gobernador del estado, Marco Antonio Mena, ordenará a las dependencias gubernamentales dar cumplimiento a lo recomendado en defensa de los derechos humanos”, puntualizó.
Cabe mencionar que fue el pasado 22 de enero del año 2015, cuando elementos de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detuvieron a ocho policías estatales, miembros de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), presuntamente dedicados al secuestro exprés. Entre los detenidos se encontraba Jorge López Flores, el entonces director de la Policía Estatal Acreditable (PEA).
Los acusados fueron procesados por presuntamente cometer por lo menos cuatro secuestros exprés en los municipios de Apizaco y Huamantla. La detención de los ex policías fue ordenada por la entonces Procuradora, Alicia Fragoso Sánchez.
En febrero del 2017 liberaron a López Pérez conocido entre la policía como “el lobo” y una de sus compañeras Patricia Águila Hernández también ex Policía. Ambos permanecieron encarcelados por más de dos años.
Al salir el ex mando informó ante los medios que personal de la PGJE en la administración pasada recurrió a choques eléctricos en los testículos y diversas áreas del cuerpo, golpes, cortadas en las muñecas y métodos de asfixia para tratar de inculpar en un caso de secuestro exprés, además de sus testimonios, existió también un presunto video de las torturas a los que fueron sometidos los ex policías.
En el mes de febrero del presente año, promovió una denuncia contra la ex titular Alicia Fragoso Sánchez; el exprocurador, Víctor Pérez Dorantes, y demás funcionarios estatales, por daño moral por todo este proceso iniciado en su contra que afectó su trabajo, reputación, carrera policial e imagen.
Además solicitó también la reparación del daño por haberle “fabricado delitos” que le valieron situaciones de tortura en su contra y su reclusión en un penal de Tlaxcala por un par de años.
En mayo de 2018 la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación CEDHT/CVG/0672016, en la que ordena a la Secretaría de Gobierno (Segob) y a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que reparen los daños a los acusados por haber sufrido tortura, violación a sus derechos humanos y garantías individuales.
