La determinación legal es porque se violan los derechos de los pueblos indígenas
El juez Tercero de Distrito suspendió las obras de construcción del Gasoducto Tuxpan-Tula en dos pueblos de la Sierra Otomí-Tepehua por considerar que la trasnacional TransCanada y su constructora Bonatti violan los derechos de los pueblos a un medioambiente sano, a la biodiversidad, agua, a la identidad cultural y afecta los derechos culturales y prepara a las comunidades a un desplazamiento forzado.
En conferencia de prensa, integrantes del Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo anunciaron que la batalla legal emprendida por los pueblos indígenas ha suspendido el megaproyecto de manera definitiva en San Pablito Pahuatlán y de manera provisional en Cuautepec en el municipio de Tlacuilotepec, hasta la resolución del juicio.
Raymundo Espinoza Hernández, abogado especialista en conflictos ambientales y de territorio, sostuvo que a la fecha se han interpuesto cinco amparos contra el trazo del gasoducto por 459 comunidades de Puebla, Hidalgo y Veracruz, y que los procesos legales están sumándose en contra de TrasCanadá.
La resolución del Juzgado Tercero contra Trascanada y la constructora Bonatti se da luego de confirmar que transnacionales mintieron sobre las afectaciones al medioambiente y del daño irreparable al Bosque Mesófilo de Montaña además de afectar más manantiales de agua pura que los reportados por las empresas.
El procedimiento de consulta indígena sobre la tubería en el territorio de la comunidad también fue suspendido tras las irregularidades y abusos de la Secretaría de Energía (Sener) del gobierno federal contra los pueblos originarios poblanos.
Además de realizar dichas consultas simuladas, sin foro real (más que autoridades locales) estas consultas fueron consideradas discriminatorias luego que de 459 localidades indígenas con prejuicio directo por el gasoducto Tuxpan-Tula, sólo 15 fueron consideradas como tales, excluyendo, sin razones legales a las 444 restantes.
Los pobladores de las regiones otomí, nahua y totonaco que han mostrado resistencia contra el proyecto denunciaron el acoso municipal y de los empresarios que intentaron frenar la resistencia.
Lorenzo Vargas, poblador de Cuautepec, señaló que en una reunión donde se pretendía una de las tantas consultas amañadas en favor del Gasoducto, se acercó y pidió una copia del acta levantada. De inmediato fue rodeado por cuatro personas, dos de ellos policías municipales que le golpearon y amenazándole con mayores consecuencias.
Aunque refirió su queja al módulo en Huauchinango de la Comisión de Derechos Humanos (CDH Puebla) aseguró que el expediente fue manipulado y a la fecha no ha tenido consecuencia alguna.
Pese a vivir en el terror instalado en las comunidades por las autoridades municipales que se han coludido con los empresarios, pobladores aseguraron que la resistencia crece en los territorios indígenas.