Puebla es una de las cinco entidades con mayores transacciones financieras vinculadas a la trata de personas detectadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó Santiago Nieto durante el foro “Hacia los 10 años de la ley contra la trata de personas, desafío, retos y perspectivas” que se realizó en el Senado. 

El titular de la UIF dijo que se han detectado en el país mil 447 cuentas vinculadas con grupos dedicados a la trata de personas, la mayoría se concentran en Puebla, Ciudad de México, Quintana Roo, Jalisco y Tamaulipas, zonas características por su cercanía con estados turísticos donde se practica el turismo sexual o bien relacionados con la frontera norte, zonas conurbadas o que colindan con estados conocidos por sus redes familiares de explotación sexual.  

De las mil 447 cuentas, 63 se identificaron como operaciones vinculadas a la trata de personas menores de edad en el periodo de la pandemia; en suma, la UIF investiga 147 millones de pesos congelados y vinculados a la trata y redes de prostitución en el país.  

Santiago Nieto señaló que la unidad de inteligencia se ha enfocado a identificar a las redes desde sus vínculos financieros, sin embargo, para acabar con el delito es necesario acabar con la corrupción política.  

“Es importante combatir a los tratantes, combatir las estructuras financieras, pero también se requiere combatir la corrupción política que les da cobijo; no podemos entender la trata de personas sin la participación de autoridades, sobre todo a nivel municipal protegiendo a los grupos delictivos, no  se puede entender la trata sin la corrupción policial y ministerial”.  


Del mismo modo, señaló que es necesario investigar el delito con perspectiva de género y a través de un cambio cultural para debatir éticamente el consumo de mujeres en el país que involucra a los ciudadanos.  

Bares, restaurantes, hoteles, moteles, centros de masaje a lo largo de los corredores de la trata son los mecanismos utilizados de manera habitual por las redes con cuentas bancarias manejadas por terceros.  

Por su parte, Teresa Ulloa Ziáurriz, directora regional de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas de América Latina y el Caribe, acusó las debilidades de las leyes locales y la federal en materia de trata de personas, así como la falta de asignación de recursos locales para echar a andar las leyes, reglamentos y planes estatales contra la trata.