«Se hicieron acuerdos y convenios (…) Se hicieron los pagos a una empresa que no tenía que ver con la construcción», dijo el gobernador, Miguel Barbosa.
El pago indebido que realizaron dos ex funcionarios en 2015 por obras del Centro Expositor y de Convenciones, causó un litigio aún en proceso, así como un daño patrimonial al gobierno de Puebla por más de 200 millones de pesos, reveló el mandatario poblano, Luis Miguel Barbosa Huerta.
Precisó que uno de los involucrados en este caso de corrupción, al momento de ser detenido, fungía como magistrado de la Sala Administrativa.
Ayer la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que detuvo y un juez ordenó encarcelar a dos exfuncionarios por irregularidades en operaciones del Centro Expositor.
A los detenidos, Alfonso N., quien fungió como director general Jurídico y Froylan N., encargado de despacho de la Dirección General Administrativa de la entonces Secretaría de Infraestructura del Estado de Puebla, se les imputan delitos en la administración pública y en otros ramos del poder público.
Ambos están relacionados con un convenio que obligó a la dependencia a dar cumplimiento de pagos por un monto de más de 107 millones de pesos, concediendo con ello una ventaja indebida, según la fiscalía.
DEMANDA MILLONARIA
El gobernador dijo que el caso, que está siendo atendido por la Fiscalía General del Estado (FGE), se derivó de una demanda que presentó una sociedad de empresas contra el gobierno del estado porque se le quedó a deber trabajos de la edificación del Centro Expositor.
No obstante se descubrió que el pago sí se hizo, pero a un grupo de asociantes que no tenían que recibir el dinero de manera directa, por lo que la operación se considera indebida.
Uno de los que habría recibido ese dinero es el ex presidente de la Delegación Puebla de la Cámara Mexicana la Industria de la Construcción (CMIC), José Antonio Hernández González.
«Pagaron a gente que no. La razón, imagínense lo peor», dijo el gobernador, Miguel Barbosa. «Se hicieron acuerdos y convenios, porque si bien el gobierno debía una cantidad, se hicieron los pagos a una empresa que no tenía que ver con la construcción».
Según los datos expuestos por el mandatario, si bien la obra del Centro Expositor se licitó por el ex gobernador Mario Marín Torres, esta no se concluyó durante dicho sexenio por lo que se hicieron acuerdos y convenios que posteriormente se liquidaron.
En el boletín de la FGE emitido el miércoles se subraya que los pagos antes mencionados se hicieron en 2015, es decir, durante el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, lo que involucra a Xabier Albizuri Morett.
Cabe mencionar que tras la demanda de la sociedad de empresas que no recibió el pago por la obra, y conocerse detalles del caso, el actual secretario de Infraestructura del estado, Juan Daniel Gámez Murillo, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción que quedó registrada con número FECC/3415/20202.
La obra del Centro Expositor debió pagarse a a la empresa Instalaciones Inmobiliarias Poblanas SA de CV, pero el finiquito de 107 millones de pesos se pagó a los empresarios Eduardo Liceaga García, José Antonio Hernández González y José Alberto Vázquez Matamoros.
(Con información de la Corte de los Milagros)
