En Puebla, se establecerá una oficina auxiliar para manejar la mayoría de los más de 10,000 expedientes pendientes en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).
Esta oficina auxiliar resolverá 2,378 casos en proceso y también se encargará de los pagos relacionados con juicios cercanos a su conclusión y los casos de seguridad social (vinculados al IMSS e ISSSTE).
Los expedientes pendientes de dictamen, laudo y ejecución se trasladarán a Tlaxcala, indicó Araceli Rebollar, abogada laboralista. Sin embargo, los pagos se realizarán en Puebla, evitando que los trabajadores tengan que viajar.
Además, en el caso de Oaxaca, solo alrededor de 250 expedientes relacionados con asuntos obrero-patronales en etapa de dictamen serán trasladados a la Junta Federal que se encuentra allí.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se ha comprometido a elaborar un acuerdo esta semana, que incluirá los puntos mencionados. Dicho acuerdo será revisado por los litigantes. Además, se espera que, un día después de su elaboración o incluso el mismo día, se publique oficialmente. En ese momento, se informará a los abogados para que procedan a hacer entrega de las instalaciones, en presencia de un notario público.
Añadió que el anterior presidente de la Junta, Ricardo Paz Ugalde, tiene que hacer entrega de la documentación, pero advirtieron que no quieren que él o su gente cercana se quede a cargo de la Oficina Auxiliar porque en el año y medio que estuvo como presidente de la JFCA dejó rezagados los más de 6 mil 800 expedientes que se iban a ir a Oaxaca.
Tampoco admiten que esté a cargo de la Junta de Tlaxcala, a donde se le envió tras el cierre del tribunal en Puebla.
Porque realmente no avanzaron, se convirtió en la cueva de Alibaba cuando él estuvo”, sostuvo Rebollar.
Cabe recordar que prácticamente desde el 17 de junio pasado, cuando se publicó el acuerdo de cierre de la Junta Especial 33, los litigantes y usuarios del tribunal laboral instalaron un plantón frente a las instalaciones que se encuentran en la 31 Poniente 2904.
Es decir que llevan más de tres meses vigilando que no se extraigan los expedientes, pero insisten en que no se retirarán del lugar hasta que por escrito se plasmen y publiquen todos los compromisos.
Con información de La Jornada de Oriente.
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