Y es que la Secretaría de la Función Pública detectó sobrecostos y violaciones a la ley, así como irregularidades en la ampliación de la concesión.
La Secretaría de la Función Pública recomendó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes revocar la concesión que tiene la empresa española OHL para operar la autopista y el libramiento Amozoc-Perote.
Lo anterior debido a sobrecostos y violaciones a la ley que detectó la SFP, quien en su informe sobre la fiscalización a los recursos federales de 2019, identificó irregularidades en la ampliación de la concesión que se realizó durante el sexenio del priísta Enrique Peña Nieto, por lo que se pronunció por terminar el contrato.
En el mismo documento, señala que la entidad tiene recursos federales sin comprobar por 31.2 millones de pesosos.
La dependencia realizó en general 140 observaciones al gasto federal que realizaron las autoridades poblanas en 2019, de las cuales, ya se atendieron 31 y están pendientes por justificar 39
Ampliaron irregularmente la concesión
Las anomalías detectadas por la SFP son en la operación de la concesión que tiene OHL de la autopista y del libramiento Amozoc-Perote, así como en la ampliación que se hizo de ese contrato en junio de 2016.
La concesión entregada el 24 de noviembre de 2003 por el gobierno federal al Grupo Autopistas Nacionales (GANA) que era una subsidiara de OHL., posteriormente, en 2016, fue ampliada por orden del el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza bajo el argumento de que un año antes –en 2015–, la empresa había destinado 1 mil 442.9 millones de pesos para arreglar la autopista tras un derrumbe.
En su informe, la SFP indica que ese argumento no era meritorio para ampliar la concesión de la autopista y del libramiento por un periodo de 30 y 20 años, respectivamente.
La Secretaría también indicó que la ampliación violó los propios términos de la concesión inicial, los cuales establecían que era necesario esperar a 2027 para realizar cualquier ampliación.
En ese sentido, la dependencia recomendó a la SCT dar por terminado el contrato de concesión y al mismo tiempo inició una investigación para fincar responsabilidades y sancionar a los responsables.
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