La ASF emitió cinco promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un daño patrimonial por 45 millones 958 mil 486.95 pesos en el desarrollo de la Línea 3 de la Red Urbana del Transporte Articulado (RUTA), por lo que emitió cinco promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.
En la obra ejecutada por el exgobernador Antonio Gali Fayad, la ASF señaló una deficiente planeación del proyecto por la indefinición del tipo de pavimento, la falta de permiso en materia de impacto y riesgo ambiental para la estación de autoconsumo de gas natural de la terminal Valsequillo previo a la construcción de la obra.
Asimismo, deficiencias en la evaluación de las propuestas presentadas en la licitación, además que se rebasó la capacidad de disposición final de residuos de manejo especial y no se informó a la Secretaría de Desarrollo Rural Sustentable y Ordenamiento Territorial sobre los volúmenes generados como excedentes y no se proporcionó el Manifiesto, de la Autorización del Plan de Manejo de Residuos de Construcción.
El órgano fiscalizador detectó pagos injustificados por 51 millones 159 mil pesos, de los cuales 45 millones 704 mil pesos corresponden al ejercicio 2018 y 5 millones 455 mil pesos al ejercicio 2019.
Señala que la obra estuvo a cargo de dos empresas, la primera es “Carmen Carreteras y Puentes”, en asociación con “Trafficlight de México”, sobre la que detectó un probable daño por 45 millones 704 mil 457.96 pesos por pagos injustificados destinados para acarreo en camión de material mixto, para lo que se destinó en una primera instancia 9.8 millones de pesos y después 35.8 millones de pesos.
Mientras que, la segunda empresa “Dhogma Vías Terrestres Laboratorios & Análisis” habría cometido un daño al erario por 254 mil 028.99 pesos por diferencias entre los volúmenes de obra estimados y pagados.
Por lo anterior, la ASF determinó emitir cinco promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria para que se castigue a los servidores públicos o empresas que incurrieron en las anomalías.
