En Puebla operaba el llamado “Cartel del Transporte” que involucraba a funcionarios de la Secretaría de Movilidad y Transporte por lo que se iniciaron 20 procesos administrativos y 59 cancelaciones de permisos de transporte, informó la titular de la dependencia Elsa Bracamonte González.
En su comparecencia en el Congreso de Puebla como parte de la glosa del Cuarto Informe de Labores, aseguró que esta red que operaba en la ilegalidad fue desmantelada, que se erradicó el coyotaje, que las concesiones del transporte ya no se dan a personas físicas, sino a empresas.
Brancamonte González reconoció que el sector del transporte público ha sido saqueado por años, que hay déficit de transporte público pero que no se puede frenar con tan solo 24 supervisores porque se necesitan 100 para peinar el estado. “Una política pública se hace con recursos no con buenas intenciones”, dijo.
Al respecto la presidenta de la comisión de Transporte y Movilidad del Congreso local, Isabel Merlo Talavera, dijo que a esa dependencia se le asignaron 84 por ciento del recurso con el que operó en 2022.
Posteriormente la diputada priista pidió a la funcionaria conducirse con respeto a los diputados locales, debido a que la diputada panista, Guadalupe Leal, en su intervención, inquirió a la funcionaria sobre contratos y convenios, en los que pudieran existir desvió de recursos.
Al respecto Leal también intervino e interrumpió la comparecencia de Bracamonte González, quien evitó contestar sobre el cuestionamiento de adjudicaciones directas en vías recreativas y otras irregularidades, por lo que sus compañeros de bancada se posicionaron atrás de ella para respaldarla.
Leal Rodríguez finalmente solicitó la renuncia de la funcionaria ante el pleno debido a que de acuerdo con la panista hay incumplimiento a sus funciones, al tiempo que la funcionaria estatal le reiteró que se presente en la secretaria para que le brinde información detallada.
Por otra parte, la funcionaria estatal informó que se realizaron 7,500 pruebas toxicológicas de las cuales 56 son positivas, que se entregaron ocho mil gafetes tipo taxi, 5,200 para Uber, 6 mil 700 para Didi, y 32 de Cabify.
Cabe señalar que esta comparecencia se dio en un ambiente hostil tanto al interior como al exterior debido a que un grupo de integrantes de Antorcha Campesina se manifestaron afuera del Congreso en contra de la verificación vehicular.
Por Mónica Franco
Foto: Especial
