Esta petición inicial solicita 1.5 billones de dólares para el próximo año fiscal, un aumento del 8,4 % sobre los niveles aprobados por el Congreso.
Joe Biden, pidió este viernes al Congreso invertir 861 millones de dólares en Centroamérica para frenar la inmigración irregular, además de 10 mil millones para ayudar a refugiados y desplazados en todo el mundo.
Los 861 millones de dólares incluidos en la propuesta son un «primer paso» para cumplir el plan de Biden de invertir 4 mil millones de dólares en la región en un plazo de cuatro años, algo que prometió durante su campaña electoral, explicó la Casa Blanca en un documento oficial.
Biden cree que eso ayudará a afrontar las «causas de raíz de la migración irregular» que provocó que en marzo las detenciones en la frontera con México alcanzaran su mayor nivel en 20 años, mientras se registraba un récord histórico en las llegadas de menores solos.
La iniciativa de Biden, que con toda seguridad será modificada por el Congreso antes de ser aprobada, incluye también fondos para reformar el sistema de asilo en Estados Unidos, erosionado bajo el mandato del expresidente Donald Trump (2017-2021).
La Casa Blanca quiere destinar 891 millones de dólares a contratar 100 nuevos jueces de inmigración y equipos que les apoyen, para reducir el notable atraso a la hora de procesar las solicitudes de asilo de los indocumentados que llegan al país.
Además, se enviarían 345 millones de dólares más al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés) para acelerar la resolución de casos de asilo y naturalización de inmigrantes que llevan años aparcados.
Proyecto de Biden incluye además «más de 10 mil millones de dólares en asistencia humanitaria para apoyar a poblaciones vulnerables en el extranjero, incluidos los refugiados, las víctimas de conflicto y otras personas desplazadas», según la Casa Blanca.
En total, esta petición inicial -centrada en los gastos discrecionales y no obligatorios del Gobierno federal- solicita 1.5 billones de dólares para el próximo año fiscal, un aumento del 8,4 % sobre los niveles aprobados por el Congreso para el periodo actual.
F. El Universal
