Casi 5.800 personas han estado sujetas a la política desde diciembre hasta junio, según cifras dadas a conocer el viernes, un número modesto que haría parecer menos plausible cualquier renuencia a ponerle fin
La Corte Suprema de Estados Unidos certificó el lunes su fallo de hace un mes que le permite al gobierno de Joe Biden poner fin a un programa fronterizo del expresidente Donald Trump que hace que los solicitantes de asilo aguarden en México sus audiencias en cortes migratorias estadounidenses, una mera formalidad que ha atraído atención en medio de un silencio casi total de la Casa Blanca en torno a cuándo, cómo e incluso si desmantelará esa política.
La frase en el expediente decía “Sentencia dictada” para registrar que los jueces votaron 5-4 en un fallo emitido el 30 de junio acerca de que el gobierno podía derogar la política “Permanecer en México”, sobreseyendo el fallo de un tribunal de menor instancia que obligó a reinstaurar el programa en diciembre.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo poco después de la victoria en la Corte Suprema que será necesario que los jueces le comuniquen la decisión a un tribunal inferior, que a su vez deberá levantar la orden que mantiene la política en operación en una demanda incoada por el estado de Texas. Aparte de eso, los funcionarios del gobierno han dicho poco, incluyendo si se permitirá que algunas de las miles de personas sujetas a la política desde diciembre ingresen y permanezcan en Estados Unidos mientras una corte de inmigración analiza sus casos.
La Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional no hicieron comentarios por el momento acerca de la certificación por parte de la Corte Suprema, y el Departamento de Justicia no quiso comentar. Funcionarios en México no hicieron comentarios.
Aproximadamente 70.000 migrantes se vieron sujetos a la política, conocida oficialmente como “Protocolos de protección al Migrante” (MPP, por sus siglas en inglés), desde que Trump comenzó a implementarla en enero de 2019 hasta que Biden la suspendió en su primer día en el puesto en enero de 2021, con lo que cumplió una promesa de campaña. Durante los primeros meses de la presidencia de Biden se permitió que muchas personas regresaran a Estados Unidos para atender sus casos.
Casi 5.800 personas han estado sujetas a la política desde diciembre hasta junio, según cifras dadas a conocer el viernes, un número modesto que haría parecer menos plausible cualquier renuencia a ponerle fin. De ese número, la porción más grande es de nicaragüenses, y también hay de Cuba, Colombia y Venezuela.
Un letrero que la Organización Internacional para las Migraciones colocó la semana pasada a la entrada del albergue para migrantes establecido por el Ejército de Salvación en la ciudad de Tijuana, México, parecía capturar mejor la comprensión del público sobre el estatus de la política: “¡Espera información oficial! El programa Quédate en México (MPP) continúa. El Gobierno de Estados Unidos informará sobre cualquier cambio”.
Los críticos de la política son cada vez más abiertos sobre la reticencia del gobierno de Biden con respecto a “Permanecer en México”, y tras la certificación del lunes renovaron sus exhortaciones para que se ponga fin inmediato a ese programa.
“Es una política zombi”, dijo Karen Tumlin, fundadora del Justice Action Center, una organización que litiga en favor de los inmigrantes.
El último paso podría darlo el juez federal de distrito Matthew Kacsmaryk en Amarillo, Texas, un juez nombrado por Trump cuyo fallo el año pasado restableció “Permanecer en México”.
