Es la primera vez que una firma de este calibre es denunciada ante la justicia por no proteger los derechos humanos.
Siete organizaciones ecologistas radicadas en Holanda, entre ellas Amigos de la Tierra, Greenpeace y ActionAid, han entregado este viernes una citación judicial en la sede central de la multinacional petrolera Shell, en La Haya, exigiendo medidas para que deje de contaminar.
Apoyadas por la firma de 17.379 codemandantes, interpondrán luego un recurso contra la compañía para que los tribunales la obliguen a “reducir sus emisiones de CO2”, causadas por la extracción de petróleo y gas natural.
Es la primera vez que una compañía de este calibre es denunciada ante la justicia por “no proteger los derechos humanos al socavar las oportunidades de limitar el calentamiento global”.
Tanto los ciudadanos como las empresas holandesas están obligados por ley a tomar medidas para evitar los daños derivados del deterioro climático.
Según los grupos ecologistas, Shell no garantiza la reducción de CO2 para evitar que el calentamiento global aumente más de 1,5 grados centígrados. Incurre, por tanto, en una “negligencia perjudicial, y viola los artículos 2 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protegen el derecho a la vida y a la vida privada y familiar”.
Donald Pols, director de la rama holandesa de Amigos de la Tierra, añade que “solo los jueces pueden evitar un desastre ambiental porque Shell apoya el Acuerdo de París, pero sigue invirtiendo miles de millones en la industria de los combustibles fósiles”.
Una vez entregada la citación en el departamento jurídico de la multinacional, Marjan van Loon, su presidenta y directora general en Holanda, ha hecho votos por “trabajar en pro de un mundo mejor”. Después se ha retirado.
En un comunicado posterior, la firma ha subrayado que “una corte no es el lugar adecuado para luchar por el clima”.
El partido ecologista holandés pide que se investigue el pago de impuestos sobre dividendos de Shell Las emisiones de CO2 llegan al Tribunal Supremo de Holanda Amigos de la Tierra y el resto de las organizaciones involucradas en este caso han hecho suyos los argumentos invocados por Urgenda, una ONG holandesa especializada en medio ambiente.
En 2015, y arropada por un millar de ciudadanos, esta demandó al Gobierno holandés apelando a su responsabilidad a la hora de contener la contaminación.
Contra todo pronóstico, ganó un caso histórico.
Los jueces ordenaron al Ejecutivo que redujera, con medidas eficaces, el avance del efecto invernadero. Luego fijaron para 2020 la rebaja de un 25% del CO2 emitido.
Era la primera vez que un grupo de civiles recurría a la legislación europea en un asunto así. Urgenda superó en 2018 la apelación posterior en su contra interpuesta por el Ejecutivo, y el caso ha llegado al Supremo.
El ministerio de Economía y Clima considera que la justicia ha invadido el terreno político.
