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Hay unos 2 millones de inmigrantes menos de lo previsto en Estados Unidos, lo cual contribuye a la escasez y aumento de precios
A unos 16 kilómetros (10 millas) del Río Bravo, la granja de Mike Helle sufre tal escasez de trabajadores inmigrantes que ha reemplazado 180 hectáreas (450 acres) de verduras de hoja verde, cuya cosecha se hace a mano, por cultivos que se pueden cosechar con máquinas.
En Houston, Al Flores aumentó los precios en su restaurante porque el costo de la carne se duplicó por la falta de personal inmigrante en las líneas de producción de las plantas empacadoras de carne. En la zona de Dallas, Joshua Correa elevó en 150.000 dólares los precios de las viviendas construidas por su empresa debido en parte a los aumentos de costos provocados por la falta de mano de obra inmigrante.
Después que la inmigración disminuyó en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump —y se detuvo casi totalmente durante los 18 meses de la pandemia de coronavirus—, el país descubre que hay una escasez de mano de obra debida en parte a esos frenos.
Se calcula que el país tiene dos millones de inmigrantes menos de los que tendría si el ritmo se hubiera mantenido. Esto ha provocado una disputa desesperada por mano de obra en muchos sectores, incluyendo el empaquetamiento de carne y la construcción de viviendas, que también contribuye en la escasez y aumentos de precios.
“La falta de esos dos millones de inmigrantes explica en parte la razón por la que tenemos una escasez de mano de obra”, dijo Giovanni Peri, economista en la Universidad de California en Davis, que calculó el déficit. “En el corto plazo, nos ajustaremos a ese déficit en el mercado laboral mediante aumentos de salarios y precios”.
El factor laboral es uno de los que contribuyen a que Estados Unidos padezca su mayor inflación de los últimos 40 años; otros son los trastornos en las cadenas de suministro a causa de la pandemia de coronavirus y el aumento de los precios de combustibles y materias primas desde la invasión rusa a Ucrania.
Steve Camarota, investigador del Center for Immigration Studies, partidario de reducir la inmigración, cree que durante la presidencia de Joe Biden habrá un fuerte aumento de la inmigración no autorizada que compensará la escasez que aún persiste después de la pandemia. Sostiene además que los aumentos de salarios en sectores de bajos ingresos como la agricultura contribuyen poco a la inflación.
“No creo que los aumentos de salarios sean algo malo para los pobres y pienso que matemáticamente es imposible reducir la inflación con límites a los salarios más bajos”, dijo Camarota a The Associated Press.
La inmigración está regresando rápidamente a sus niveles prepandemia, de acuerdo con los investigadores, pero Estados Unidos necesitaría una fuerte aceleración para compensar el déficit. Dado el marcado declive de natalidad registrado en las últimas dos décadas, algunos economistas pronostican que la fuerza laboral potencial empezará a disminuir para 2025.
Mientras tanto, el sistema político muestra poca voluntad de aumentar la inmigración. Los demócratas, que controlan la Casa Blanca y el Congreso y en años recientes han sido el partido más proinmigrante, no han presentado proyectos de ley importantes que permitan un mayor ingreso de nuevos residentes al país.
Una encuesta Gallup reciente revela que los temores por la inmigración no autorizada son los más altos en dos décadas. Ante la inminencia de las elecciones legislativas de noviembre, que serán difíciles para los demócratas, el partido del presidente Biden está dividido sobre el intento de Washington de poner fin a las restricciones por pandemia al proceso de solicitud de asilo.
“En algún momento o decidimos hacernos más viejos y achicarnos o cambiamos nuestra política de inmigración”, dijo Douglas Holtz-Eakin, economista y un exfuncionario del gobierno del presidente George W. Bush que ahora preside el Foro de Acción de Estados Unidos de centroderecha.
Holtz-Eakin reconoció que es improbable un cambio en la política de inmigración
“Las bases de ambos partidos están muy cerradas”, sostuvo.
Sin duda es el caso en Texas, bajo dominio republicano, que abarca la franja más larga y más transitada de la frontera sur.
En 2017, la legislatura obligó a las ciudades a hacer que sus agentes federales de inmigración buscaran a personas que viven en Estados Unidos sin autorización legal. El gobernador Greg Abbott envió a la Guardia Nacional de Texas a patrullar la frontera y causó en fecha reciente enormes congestionamientos de tránsito cuando ordenó que se aumentaran las inspecciones en los cruces fronterizos.
El vuelco en contra de la inmigración angustia a algunos propietarios de negocios en Texas.
“La inmigración es muy importante para nuestra fuerza de trabajo en Estados Unidos”, reconoció Correa. “Simplemente la necesitamos”.
Correa está viendo que sus proyectos se están retrasando dos o tres meses debido a que él y sus subcontratistas —desde montadores de muros de mampostería a plomeros y electricistas— tienen dificultades para armar equipos de trabajo.
Correa ha elevado el precio ordinario de sus viviendas de 500.000 a unos 650.000 dólares.
“Lo estamos sintiendo y si a fin de cuentas lo estamos sintiendo como constructores y desarrolladores, el consumidor paga el precio”, dijo Correa, quien hizo declaraciones desde Pensacola, Florida, adonde llevó una cuadrilla de trabajadores como un favor para un cliente que no ha podido encontrar empleados para arreglar una casa de playa dañada por el huracán Sally en 2020.
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