La Unión Americana de Libertades Civiles dijo que el gobierno continúa separando familias con argumentos dudosos y por faltas menores.
Más de 900 menores, entre ellos bebés e infantes, fueron separados de sus padres en la frontera durante el año posterior a la fecha en la que un juez ordenó restringir esa práctica, dijo el martes una organización activista en un documento judicial que pondrá todavía más bajo la lupa las tácticas ampliamente censuradas del presidente Donald Trump.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) dijo que el gobierno continúa separando familias con argumentos dudosos y por faltas menores, como infracciones de tránsito. La ACLU solicitó a un juez que determine en un fallo si las 911 separaciones del 28 de junio de 2018 al 29 de junio de este año estaban justificadas.
En junio de 2018 —días después de que el presidente cancelara la medida en medio de una conmoción internacional— el juez federal Dana Sabraw ordenó suspender la separación de familias en la frontera salvo en circunstancias limitadas, como por ejemplo en caso de que la seguridad del menor estuviera en peligro. El juez dejó a discreción del gobierno las decisiones particulares.
Desde entonces, un padre fue separado tras una acusación en su contra de haber causado un daño de cinco dólares a propiedad ajena, dijo la ACLU. Una niña de 1 año fue separada de su padre al que la autoridad criticó por dejarla dormir con un pañal mojado.
En otro caso, una niña guatemalteca de 2 años fue separada de su padre después de que las autoridades determinaran en una revisión que tenía fiebre y dermatitis del pañal. Señalaron que la niña estaba desnutrida y poco desarrollada, según la ACLU. El padre, que provenía de una “comunidad muy pobre” asolada por la desnutrición, fue acusado de negligencia.
Alrededor de 20 por ciento de los 911 menores separados durante el año referido tenían menos de 5 años, según la ACLU.
La mayoría de los padres desconocieron el paradero de sus hijos durante semanas, e incluso algunos no tenían claro por qué los habían separado. Aproximadamente una tercera parte de los 900 menores quitados a sus familias desde la orden del juez son cuidados por la organización Catholic Charities Community Services, según la cual sólo tres niños fueron reunidos con el padre con el que viajaban.
El grupo afirmó que 185 menores fueron entregados a patrocinadores después de pasar semanas o meses en albergues del gobierno y 33 aceptaron el retorno voluntario, lo que permitió al gobierno regresarlos a sus respectivos países.
Las separaciones ocurrieron durante la llegada de un número sin precedentes de menores centroamericanos que rebasó la capacidad de las autoridades de Estados Unidos, y la mayoría venía en familias y muchos solos. El comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Mark Morgan, dijo el martes a una comisión del Senado que la agencia encontró a más de 300 mil niños desde el 1 de octubre.
Más de 2 mil 700 menores fueron separados antes del fallo de 2018 de Sabraw, que obligaba al gobierno a reunirlos con sus padres.
El juez ordenó después al gobierno encontrar a los menores que había separado desde el 1 de julio de 2017, un grupo que según el informe de un organismo de supervisión interna ascendía a miles pero cuya cifra no está precisada a la fecha. El gobierno carecía entonces de sistemas de seguimiento adecuados.
Nota completa AQUÍ.
