El cerco sobre el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, en el marco de la investigación sobre su declaración de la ley marcial la semana pasada se estrecha cada vez más después de que el exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, intentara suicidarse tras ser detenido por su responsabilidad en la asonada.
Al mismo tiempo, la oposición tenía hoy previsto presentar una segunda moción parlamentaria, después de que la primera fracasara el pasado sábado, para tratar de destituir al presidente, una posibilidad que cobra cada vez más enteros ya que varios diputados del partido gobernante han indicado su intención de participar esta vez en la votación.
A última hora del martes, pocas horas antes de que un juzgado emitiera una orden para su detención formal, el exministro de Defensa, que había sido detenido de urgencia el fin de semana, trató de quitarse la vida antes de que funcionarios del centro de detención Dongbu de Seúl lo impidieran.
Kim, considerado una pieza clave del plan para decretar el estado de excepción en el país asiático, se encuentra ahora en una celda especial y su vida no corre peligro, según portavoces del centro de detención.
Los fiscales, que consideraban que había peligro de que Kim -que aparentemente cambió varias veces de teléfono y eliminó conversaciones en la aplicación Telegram tras el estado de excepción- destruyera pruebas relacionadas con las acusaciones de insurrección y abuso de poder para obstruir el ejercicio de derechos básicos en las seis horas en que la ley marcial estuvo vigente entre el martes y el miércoles de la semana pasada.
Con el arresto formal de Kim se cree que las pesquisas en torno al presidente, al que se investiga también por insurrección y al que se ha prohibido salir del país, pueden ganar tracción.
Registro de la Oficina Presidencial
En ese sentido, la policía registró hoy en la capital surcoreana varias sedes policiales -y arrestó a los principales responsables de la Agencia Nacional de Policía y la Policía Metropolitana de Seúl- además de la Oficina Presidencial, donde encaró resistencia por parte del servicio de seguridad presidencial para acceder al despacho del mandatario.
Los agentes buscaban, entre otras cosas, las minutas de la reunión que celebró el Gabinete de Yoon antes de proclamar la ley marcial el pasado 3 de diciembre, un encuentro que duró apenas cinco minutos y del que al parecer no hay registros detallados, según aclaró después el Ministerio del Interior.
Por su parte, la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango dejó hoy la puerta abierta a pedir el arresto urgente sin orden judicial del presidente dada la gravedad de los posibles delitos que se le atribuyen a Yoon, que, entre otras cosas, está acusado de insurrección.
Los presidentes en Corea del Sur no pueden ser enjuiciados durante su mandato, con la excepción del delito de insurrección, definido como el cometido por un individuo o individuos que emplean “violencia con el propósito de usurpar el territorio nacional o subvertir la Constitución”.
(EFE)
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