La multa impuesta por la fiscalía de Múnich tendrá un impacto directo en los beneficios de Audi y también del grupo Volkswagen.
El escándalo dieselgate que estalló en septiembre de 2015 en Estados Unidos, sigue pasando factura al gigante alemán Volkswagen. Este martes, el grupo anunció, a través de un breve y lacónico comunicado que Audi, de alta gama de la empresa, ha aceptado pagar una multa de 800 millones de euros por haber violado disposiciones legales en la emisión de gases tóxicos con motores diésel de seis y ocho cilindros.
«La multa impuesta a Audi por un importe de 800 millones de euros castiga la desviación de los requisitos reglamentarios para determinados motores diesel V6 / V8 y vehículos diésel fabricados o vendidos por Audi», señala el comunicado fechado en Wolfsburg. «Audi acepta la multa tras un análisis exhaustivo y no interpondrá un recurso. Audi reconoce así su responsabilidad en el incumplimiento de sus obligaciones de supervisión».
El caso de los motores diésel trucados salió a la luz en septiembre de 2015, cuando la Agencia para la Protección del Medio Ambiente (EPA) estadounidense denunció a Volkswagen. La EPA acusó a la marca de haber instalado en 11 millones de sus vehículos diésel —600.000 de ellos vendidos en Estados Unidos— un programa informático capaz de manipular los resultados de las pruebas de contaminación y esconder las emisiones reales, hasta 40 veces superiores a las permitidas.
La multa impuesta por la fiscalía de Múnich tendrá un impacto directo en los beneficios de Audi y también del grupo, al igual que lo ocurrido en junio pasado cuando la fiscalía de Braunschweig obligó a la marca Volkswagen a pagar una multa de 1.000 millones de euros. «Dado que Audi AG está incluida en los estados financieros consolidados de Volkswagen AG, la multa tendrá un impacto directo en los beneficios de Volkswagen AG y, como factor especial negativo adicional, reducirá en consecuencia el resultado del grupo para el ejercicio 2018», precisa el comunicado.
Hasta ahora, el dieselgate ha costado al grupo más de 27.000 millones de euros en llamadas a revisión de vehículos y proceso judiciales. Esta cantidad incluye una multa de 1.000 millones impuesta en junio por la fiscalía de Brunswick y que ya fue contabilizada en el resultado del segundo trimestre.
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