Hay una investigación que se sigue contra el exmandatario por la presunta comisión del delito de rebelión a raíz del fallido golpe de Estado.
La Fiscalía de Perú ha pedido este miércoles 18 meses de prisión preventiva para el expresidente peruano Pedro Castillo, informó una fuente vinculada a la investigación que se sigue contra el exmandatario por la presunta comisión del delito de rebelión a raíz del fallido golpe de Estado que motivó su destitución. Esta solicitud del Ministerio Público abre la puerta a que el exmandatario siga en prisión. El período inicial de detención preventiva concluía este miércoles. El tribunal tiene ahora 48 horas para celebrar una audiencia para decidir si acepta o rechaza esta petición de la Fiscalía.
El requerimiento fue presentado por el fiscal supremo Uriel Teran, encargado del despacho de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, agregó la fuente. Sobre el político no solo pesan los presuntos delitos de rebelión y conspiración, sino también la acusación constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de liderar una “organización criminal” desde dentro del Palacio de Gobierno con el propósito de amañar contratos valiéndose de su poder. Estos cargos podrían valerle hasta 10 años de cárcel.
Precisamente este miércoles se cumple una semana desde que Pedro Castillo dio un mensaje a la nación, minutos antes del mediodía del siete de diciembre, que puso fin a su estancia en el Palacio presidencial. Un autogolpe de Estado, que preveía un Gobierno de excepción y una disolución del Congreso peruano que no llegaron a consumarse y que acabaron con Castillo detenido. La intentona no contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas ni del propio Gobierno de Castillo.
Castillo fue detenido en la Prefectura de Lima por su propia escolta cuando se dirigía hacia la Embajada de México para pedir asilo político, según las declaraciones del canciller y del propio presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Este martes, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema había ya rechazado el recurso de amparo que había presentado su defensa y que solicitaba la anulación de la detención preliminar. Durante la audiencia en ese tribunal, Castillo, que declaró desde la cárcel, negó los delitos de conspiración y rebelión que le atribuye la Fiscalía y aseguró que está “injusta y arbitrariamente detenido”.
En una carta manuscrita dirigida a sus seguidores este martes, Castillo había expresado su seguridad de que sería liberado: “Mañana a las 13.42 horas (19.42 hora peninsular española) saldré en libertad. Los espero a todos en las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) para unirme a ustedes en un gran abrazo”, aseguró el expresidente.
“Compatriotas: mañana, miércoles 14 de diciembre, se cumplen siete días de una injusta y abusiva detención. Siete días en donde el pueblo me ha demostrado su solidaridad y compromiso en defensa de nuestro gobierno y su futuro”, ha declarado el exmandatario en la misiva elaborada en el centro de la Policía Nacional de Perú, las dependencias policiales en las que está detenido desde el pasado 7 de diciembre.
El autogolpe de Estado y la detención de Castillo ha sumido a Perú en una escalada de protestas y manifestaciones violentas, que en numerosos casos han desencadenado en actos vandálicos, que han dejado hasta el momento siete fallecidos en las regiones sureñas de Apurímac y Arequipa, además de unos 130 policías heridos.
El ministro de Defensa, Álberto Otárola, anunció este martes que el Gobierno declarará la emergencia en la red vial y las Fuerzas Armadas protegerán puntos estratégicos del país, como aeropuertos o centrales hidroeléctricas, en respuesta a las manifestaciones desatadas por la destitución de Castillo.
