Argumentos académicos y políticos, y un proyecto de ley en Colombia, despiertan la discusión en la región.
La apuesta es cambiar el paradigma en el combate contra el tráfico de drogas: legalizar en vez de prohibir y, con ello, terminar con el mercado negro, los carteles y el crimen asociado. En Colombia, un proyecto de ley que establece un marco regulatorio de la hoja de coca y sus derivados fue aprobado en su primer debate en el Congreso. En Chile, el ex candidato presidencial Daniel Jadue, del Partido Comunista, propuso un sistema de este tipo en su programa y, en México, organizaciones que investigan sobre políticas públicas y criminalidad, como el Instituto RIA y la ONG México Unido contra la Delincuencia, promueven la discusión del tema. Desde la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia se suman intelectuales y políticos, incluidos ex presidentes como el mexicano Ernesto Zedillo, el chileno Ricardo Lagos, el brasilero Fernando Henrique Cardoso y el colombiano César Gaviria, para revisar las políticas de guerra contra el narcotráfico y entregar recomendaciones para lidiar con el tema. Zedillo reconoció: «Yo seguí una política equivocada”, en relación a la prohibición y criminalización, que habría traído mayores problemas de salud pública y violaciones a los derechos humanos.
«Una guerra que no se ha ganado en 40 años es una guerra perdida. Hay que reinventar esta guerra contra el narcotráfico y las drogas y una de las formas más efectivas es quitarle la prohibición a todo lo que tiene que ver hoy con el tráfico de drogas, y racionalizarlo para poderlo controlar mejor”, señaló el expresidente colombiano Juan Manuel Santos en entrevista con la agencia EFE. El economista Luis Carlos Reyes, de la Universidad Javeriana de Colombia, quien ha investigado el tema de los cultivos ilícitos, coincide. «Desde distintas ciencias sociales, economistas, criminólogos y politólogos han llegado a la conclusión casi unánime de que las políticas que tenemos para reducir la oferta de cocaína en el mercado mundial son completamente ineficaces”, dice a DW. La propuesta de regular legalmente la cocaína no viene de personas interesadas en el consumo de drogas, sino de quienes abogan por tratarlo como un problema de salud pública, explica.
Control gubernamental en vez de control criminal
Steve Rolles, analista de la Fundación Transform Drug Policy, quien ha asesorado a los parlamentarios colombianos en el proyecto de ley, dice a DW que la iniciativa regulatoria supone desafíos, «pero es un progreso comparado con el actual control del mercado por carteles violentos y dealers callejeros”.
«Si cambiamos eso por un mercado en que el gobierno controle la producción, haya un proceso de control de calidad y el producto sea vendido por distribuidores licenciados, existe la posibilidad de tener menos crímenes, eliminar un impulsor de corrupción y mejorar la salud pública”, agrega Rolles. En opinión de Reyes, una de las ventajas es que acaba con el tráfico ilegal como negocio lucrativo. «La cocaína es un producto vegetal medianamente procesado, que es muy barato de producir, pero no tenemos un cartel de la papa o la zanahoria. Si la cocaína es costosa es por su ilegalidad, porque persiguen a narcotraficantes, vendedores y consumidores y hacen que sea muy costosa y al haber tanto dinero se financia una actividad muy peligrosa. Si se legaliza el consumo, se acaban el negocio de los actores ilegales y el terrorismo que surge alrededor”, afirma.
Temor ante riesgo de mayor acceso
Uno de los argumentos en contra de la legalización es que podría facilitar el mayor consumo y acceso a personas que de otro modo no probarían la droga. «El supuesto implícito es que estas políticas de prohibición están reduciendo en algo la oferta o el consumo y toda la evidencia que tenemos es que no lo están haciendo y además tienen un costo social muy grande”, subraya Reyes. En opinión de Rolles, «hoy todos tienen acceso a las drogas porque están fácilmente disponibles en las calles. Es un mito pensar que hacer una droga legal la va a hacer más disponible”.
Los expertos proponen un mercado altamente regulado por el Estado, incluso más que el del alcohol y cigarrillos, una agencia que controle la producción, un impuesto importante y prohibiciones de publicidad y de acceso a menores. Con un registro y licencia para el consumo, la venta sería como la de un producto farmacéutico, con una cantidad racionalizada para uso personal, y paquetes con amplia y clara información sobre uso responsable y riesgos. «Uno tiene que hacer el cálculo social de quién prefiere que se perjudique por la producción y el consumo de estas drogas: quien de manera autónoma decide consumirlas o todas las víctimas que son daño colateral de una política que incluso no reduce mucho el consumo”, postula Reyes. El dinero recaudado y los recursos que hoy se usan en militarización, erradicación de cultivos y guerra contra el narcotráfico podrían destinarse a intervenciones de salud pública, campañas de educación y prevención, y tratamiento de personas con adicciones. Como ocurre con el alcohol, siempre habrá quienes hagan un mal uso, advierte Rolles: «La prohibición y el suministro ilegal aumentan los riesgos, mientras que un mercado regulado los reduce. Se trata de disminuirlos, pero es imposible eliminarlos todos”.
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