En Colombia, Uruguay, Argentina e incluso en México, la creación de un padrón nacional de usuarios de telefonía celular, como el que aprobó la semana pasada el Senado en el país, ha fracasado en su intento por detener el robo, la extorsión y el secuestro, advirtieron expertos.

Analistas expusieron que entre las fallas observadas en otros países predomina la falta de coordinación entre las entidades relacionadas con el registro y que la sobrerregulación para obtener una línea de telefonía celular genera un incremento en la clonación de equipos y tráfico de chips, además de inhibir el crecimiento en la penetración del servicio.

Los organismos encargados del padrón denuncian falta de presupuesto para proteger los datos, lo que facilita su filtración, como ocurrió en México con el fallido Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (RENAUT) en 2008 y su posterior cancelación en 2011.

La semana pasada legisladores aprobaron crear un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PNUTM) para combatir la extorsión y el secuestro, con lo cual los más de 126 millones de usuarios que cuentan con una línea telefónica deberán proporcionar sus huellas dactilares, iris y voz para gozar del servicio móvil.

En Colombia subieron delitos

La experiencia de Colombia con su registro de usuarios de telefonía móvil provocó un incremento delictivo, además de vulnerar la privacidad de las personas, aseguró Lucía Abelenda, responsable del equipo de la Tecnología para el Cambio Social en la consultora latinoamericana Fundación Avina.

“Desarrollar una base de datos vinculada al registro de usuarios de telefonía, termina generando un mercado de chips robados, extraídos o clonados, y es probablemente que vaya a aumentar con un registro así. Eso es lo que dice la evidencia en términos de que las personas que están delinquiendo no van a ir a hacer el registro”, advirtió Abelenda.

En 2011 Colombia creó su registro del IMEI (identificador único) operado por las firmas de telefonía móvil y el regulador telecomunicaciones en ese país, sin embargo, desde su instrumentación hace una década, las cifras oficiales indican que el hurto de dispositivos móviles se disparó y anualmente se denuncia un millón de hurtos de celulares.

Abelenda comentó que, si bien la exigencia de datos biométricos tanto en América Latina como en otras partes del mundo es ya una tendencia, este tipo de políticas suponen un riesgo para los usuarios, que tiene como consecuencias ciberataques, robo de identidad, estafas, ataques políticos, entre otros.

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