El Ministerio Público ha solicitado 18 meses de impedimento de salida del país contra el director ejecutivo de Repsol-Perú, Jaime Fernández – Cuesta y otros tres funcionarios de la empresa, con la finalidad de garantizar su presencia en el país durante un eventual proceso penal.

Los implicados son considerados responsables del derrame de 6 mil barriles de petróleo en el mar peruano y que ha afectado el ecosistema, flora y fauna, además de dejar sin trabajo a miles de pescadores y pequeños empresarios.

El poder Judicial a través de sus redes sociales indicó que esta tarde (5:00 p.m.) el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de la Corte de Puente Piedra-Ventanilla evaluará el impedimento de salida del país por 18 meses contra el gerente general de la Refinería La Pampilla, Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena.

“El requerimiento fiscal incluye también a los funcionarios de la empresa: Renzo Tejada Mackenzie, Gísela Posadas Jhong y José Reyes Ruiz, investigados por el presunto delito de contaminación ambiental”, indicaron en Twitter.

Previo a este pedido, la OEFA manifestó que aplicará una primera multa de 4,000 UIT (18 millones 400 mil soles) a la empresa Repsol por haber incumplido con una de las medidas dispuesta por la institución ante el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla.

La jefa de la institución, Miriam Alegría, explicó que Repsol no ha cumplido con la primera medida impuesta, es decir la identificación de las zonas afectadas por el derrame el pasado 15 de enero.

Tampoco ha realizado labores de contención y recuperación del hidrocarburo en las zonas afectadas ni ha culminado las labores de segregación, transporte, almacenamiento y disposición de los residuos peligrosos.

“Ayer venció el plazo de la primera medida dictada el 18 de enero a la empresa para la imposición de la multa coercitiva. Repsol no ha cumplido con identificar las zonas afectadas por el derrame de petróleo”, sostuvo Alegría.

Por su parte, el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, anunciaba que la Procuraduría del ministerio, estaba evaluando solicitar “medidas coercitivas” contra los representantes de la empresa Repsol.

En ese sentido, el procurador del Ministerio del Ambiente, Julio César Guzmán, daba a conocer que se identificó la responsabilidad de cuatro funcionarios de la empresa Repsol por el derrame de petróleo en Ventanilla.

Según sus declaraciones, se trataría de los gerentes de Producción, Medio Ambiente, quienes estaban encargados de controlar los riesgos de la operación.

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