Los dirigentes talibanes de Afganistán están institucionalizando la discriminación y la violencia de género contra las mujeres y las niñas
Entre las múltiples acciones contra las mujeres destacan la prohibición de que vuelvan a sus puestos de trabajo, la exigencia de que un familiar masculino las acompañe en los espacios públicos, la prohibición de usar solas el transporte público y la imposición de un estricto código de vestir. Los especialistas consideran “especialmente preocupante” la privación del derecho fundamental a la educación secundaria y terciaria de las mujeres y las niñas.
Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos afirmó este lunes que los dirigentes talibanes de Afganistán están institucionalizando la discriminación y la violencia de género contra las mujeres y las niñas.
Los especialistas en derechos humanos reiteraron su alarma a la advertencia lanzada en agosto de 2021 tras implementarse una serie de medidas restrictivas, en particular a las relativas a las mujeres y las niñas.
Unas inquietudes que, a ojos de los expertos, todavía son más graves en los casos de las mujeres pertenecientes a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, como las comunidades hazaras, tayikas, hindúes y otras, “cuyas diferencias o visibilidad las hacen aún más vulnerables en Afganistán”.
Del mismo modo, señalaron que aumenta el riesgo de explotación de mujeres y niñas, incluidas la trata destinada al matrimonio infantil y forzado, así como a la explotación sexual y el trabajo forzado.
«Además de limitar gravemente su libertad de movimiento, expresión y asociación, y su participación en los asuntos públicos y políticos, estas políticas también han afectado a la capacidad de las mujeres para trabajar y ganarse la vida, empujándolas aún más a la pobreza», señalaron.
«Varios proveedores de servicios esenciales, y a veces vitales, que apoyan a las supervivientes de la violencia de género han cerrado por miedo a las represalias, al igual que muchos refugios para mujeres, con consecuencias potencialmente fatales para las numerosas víctimas que necesitan estos servicios», añadieron.
Otras acciones orientadas a socavar los sistemas de prevención y respuesta a la violencia de género fueron la eliminación de los tribunales especializados y de las fiscalías encargadas de aplicar la Ley para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 2009, y la prohibición de que muchas trabajadoras sociales puedan ejercer su trabajo y asistir a otras mujeres y niñas.
Finalmente reiteraron su llamado a la comunidad internacional para que intensifique la ayuda humanitaria al pueblo afgano y que garanticen la eliminación inmediata de las restricciones a los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas.
