Integrantes del movimiento nacional feminista “Por Ella, Por Todas”, manifestaron su repudio a la actuación del fiscal del Estado de Querétaro, Víctor Antonio Jesús Hernández, quien pretende encarcelar a una niña de 14 años luego de ser violada y sufrir un aborto involuntario.
En ese sentido, exigieron que el Fiscal General del Estado de Querétaro sea removido de su cargo o, en su caso, enjuiciado políticamente, no sólo por incumplir la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que determina que ninguna mujer puede ser criminalizada por ejercer sus derechos a decidir sobre su sexualidad reproductiva y menos aún cuando hay una agravante como es el delito de violación.
“Este hecho se agrava cuando tenemos conocimiento de que existen 7 carpetas de investigación donde pretende encarcelar a otras 7 mujeres por ejercer su derecho a decidir sobre su cuerpo”, señalaron.
Cabe destacar que de acuerdo con medios de comunicación “la Fiscalía General del Estado solicitó tres años de prisión en el Centro de Reinserción Social para Adolescentes contra la menor, quien sufrió un aborto espontáneo en el municipio de Huimilpan, además de una reparación del daño de 518 mil pesos para quien sea padre del producto”.
Asimismo, las notas periodísticas señalan el desarrollo de una audiencia intermedia, lo que sugiere la auto apertura a un juicio oral que en las próximas semanas debe verificarse; lo cual muestra que se le vinculó a proceso y como medida cautelar se le impuso arraigo domiciliario.
Es importante precisar que la etapa intermedia o de preparación de juicio, tiene por objeto admitir o excluir medios de prueba; además de acuerdo con la defensa de Esmeralda -la niña de 14 años procesada- el Juez de control que llevó la audiencia intermedia, admitió como medios de prueba que deben ser desahogados en juicio, testimonios relativos a la conducta sexual anterior de la procesada, lo cual además de carecer de perspectiva de género, interseccionalidad y enfoque diferenciado por tratarse de una mujer menor de edad; es contrario al Código Penal que prevé que ese tipo de testimonios no deben ser admitidos.
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