La Suprema Corte concluyó no ejercer la facultad de atracción sobre siete juicios de amparo relacionados con 12 presuntos delincuentes que participaron en el ataque.
Un tribunal federal en Tamaulipas amparó a 12 expolicías de Iguala y a miembros de Guerreros Unidos involucrados en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
De momento, esta resolución no implica su libertad inmediata, pero sí pone en jaque a la FGR y abre la puerta a que ellos y otros imputados salgan ante la presunta tortura cometida en su contra para que confesaran el paradero de los estudiantes.
Las declaraciones de estos acusados fueron fundamentales para que la PGR concluyera que los 43 fueron quemados en Cocula.
Aún hay 65 casos contra implicados en el crimen. En la Corte está el de Zulaid Marino Rodríguez, un policía de Iguala que exige pagos equivalentes a su salario para que su familia subsista mientras él es procesado.
Hoy, a cinco años de la desaparición y tras cientos de declaraciones, diligencias, teorías y polémicas, la incertidumbre sobre el paradero de los 43 prevalece para sus padres, quienes aun así no pierden la esperanza de hallarlos.
De 142 detenidos, 77 ya fueron liberados, lo que llevó al actual gobierno a retomar casi desde cero la indagatoria para cumplir su compromiso de esclarecer el crimen.
Podrían quedar libres otros 12 implicados
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declinara analizar una serie de amparos que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) le pidió revisar, un tribunal federal de Tamaulipas amparó para efectos a 9 expolicías municipales de Iguala y tres integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El fallo pone en jaque a la Fiscalía General de la República (FGR) y encamina la posible salida de prisión de ese grupo de imputados ante la presunta tortura ejercida contra ellos para obtener confesiones sobre el paradero de los estudiantes.
Al resolver la situación jurídica, de no haberse presentado los dictámenes practicados conforme al Protocolo de Estambul, deberá determinarse si sus declaraciones fueron emitidas bajo tortura, partiendo de la base de que recae en el Ministerio Público la carga de la prueba de que dichas personas no fueron torturadas, y que no aportó los dictámenes correspondientes”, señala la sentencia.
Las declaraciones realizadas por los acusados y desechadas por los magistrados federales, fueron fundamentales para que la PGR llegara al basurero municipal de Cocula, donde, según la “verdad histórica”, los estudiantes fueron calcinados por los Guerreros Unidos.
Incluso los magistrados federales hacen una comparativa de declaraciones de los policías municipales, obtenidas por la PGR respecto a la ubicación de los 43 normalistas, las cuales no coinciden a pesar de haber sido obtenidas con al menos 10 días de diferencia.
Los amparos son sobre los casos de Miguel Ángel Ríos Sánchez, Osvaldo Ríos Sánchez, David Cruz Hernández, Abraham Julián Acevedo Popoca, Jesús Vargas Rodríguez, Manuel Vázquez Chávez, Raúl Javier Crespo, Carlos Canto Salgado, Israel Dayán Arroyo Mendoza, Juan Carlos Beltrán Cruz, Ubaldo Toral Vences y Miguel Arias Topete.
Fue el 24 de septiembre del año pasado cuando, en sesión privada, la Suprema Corte concluyó no ejercer la facultad de atracción sobre siete juicios de amparo relacionados con 12 presuntos delincuentes que participaron en el ataque, secuestro y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
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