No obstante, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales exgió al gobierno de AMLO tomar varias medidas para mitigar su impacto ecológico.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales avaló el proyecto de construcción del nuevo aeropuerto para la Ciudad de México en la base militar de Santa Lucía, al norte de la capital, pero le exigió al gobierno tomar varias medidas para mitigar su impacto ecológico.
Según el documento, dado a conocer el jueves por la Semarnat, el ejecutivo deberá poner en marcha, entre otras, acciones de reforestación, de monitoreo de la fauna y las aves, construir seis plantas de tratamiento de aguas residuales y suministrar agua potable a la zona.
Además será necesaria la instalación de barreras contra ruido, el saneamiento de la laguna de Zumpango , cercana a donde se construirá la nueva infraestructura, monitorear las emisiones contaminantes y usar energías limpias.
El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la propuesta del aeropuerto en Santa Lucía para sustituir el proyecto de Texcoco, una infraestructura iniciada por el gobierno anterior a un costo de 13 mil millones de dólares.
Según el mandatario, con su iniciativa se ahorraría dinero a las arcas públicas, incluso considerando las pérdidas por la cancelación de la terminal parcialmente construida al oriente de la capital.
El futuro aeropuerto, con un costo de 4 mil 100 millones de dólares, será construido por el ejército y tendrá tres nuevas pistas más la militar ya existente. El gobierno espera que inicie operaciones a mediados de 2021.
Distintos grupos han criticado esta iniciativa por la premura con que fue presentada y por la falta de documentos técnicos que avalaran su viabilidad, entre otros motivos. Por su parte, habitantes de la zona, junto a organismos activistas, interpusieron diversos recursos legales que lograron paralizar el proyecto de manera cautelar en junio, a la espera de que el gobierno presentara las autorizaciones que aseguren que no perjudicará al medio ambiente ni el patrimonio cultural del lugar.
El documento difundido el jueves era uno de los informes requeridos por los tribunales, pero el gobierno no informó si será suficiente para que su proyecto siga adelante.
