Ante la constante revictimización que acusan por parte del sistema judicial, tres mujeres mexicanas que han sufrido violencia vicaria lograron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitiera sus casos, y son los primeros que acepta sobre este tema.
Se trata de Gabriela Pablos, Elisa María Zaldívar y Blanca Estela Paredes, quienes han sido perseguidas, amenazadas y criminalizadas tras denunciar violencia, y cuyas parejas les han quitado a sus hijos, o lo han intentado, con el objetivo de lastimarlas.
Ellas afirman que el sistema judicial, en lugar de protegerlas, las ha dejado desamparadas frente a la violencia vicaria, un tipo de agresión que miles de mexicanas enfrentan, a pesar de que está reconocido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
La vicaria es una forma de violencia de género que se manifiesta cuando los agresores utilizan a los hijos como un medio para dañar a las madres.
A nivel nacional, entidades como Yucatán, Hidalgo, Sinaloa, Colima, Puebla y el Estado de México ya reconocen este tipo de violencia. Sin embargo, los casos no parecen disminuir.
Los casos de estas tres mujeres ya se encuentran en la CIDH y son los primeros casos de violencia vicaria que llegan y que entran, porque muchos son rechazados. En este caso ya están en la etapa de admisibilidad, explica en entrevista, María Magdalena López Paulino, secretaria ejecutiva de Red Solidaria Década contra la Impunidad.
Ie Tze Rodríguez, representante del área de mujeres de la red, explica que para que un caso pueda ser admitido por la CIDH se deben agotar todos los recursos de justicia del país, lo que ya hicieron Gabriela, Elisa y Blanca Estela.
“Esto es histórico, dado que estos casos fueron aceptados en un periodo de seis meses a un año. Es la primera vez a nivel latinoamericano que son aceptados estos casos y marcaría una pauta a nivel continente que esto escalara a nivel la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH)”, subraya Ie Tze Rodríguez.
María Magdalena López explica que esperan que estos casos lleguen al nivel de la CoIDH, ya que al resolverlos, ésta podría emitir recomendaciones al Estado mexicano en la materia, como en su momento lo hizo con el caso de Campo Algodonero, en el que se condenó a México por la desaparición y asesinato de tres mujeres en Ciudad Juárez, y que se convirtió en un parteaguas para la violencia de género en México.
La odisea de Elisa Zaldívar comenzó cuando, en juicio con su expareja, un juez le otorgó la custodia de sus hijos. Tras ello, le notificaron de una denuncia interpuesta en su contra, por corrupción de menores.
“Es el modus operandi, de empezar a hacer denuncias por varios lados, a ver cuál pega, para bloquearte el proceso de recuperación de los niños. Es muy maquiavélico”.
Al ser la corrupción de menores un delito que se persigue de oficio, Elisa fue encarcelada durante seis meses, mientras indagaban su caso. Cuenta que su primer abogado “se vendió” y trató de que firmara un acuerdo con su expareja, cediendo la patria potestad, según él, para que pudiera salir de la cárcel.
Por eso es que los delitos graves son los que más usan en estos casos, porque saben que, en un delito grave, la superjusticia que tenemos y la Fiscalía no van a investigar nada; ellos van y hacen su desorden y ya después ven. Y si hay un caso de corrupción o intercambio de dinero, va más rápido”, lamenta.
“Mi caso fue sobreseído, porque él (su expareja) me denunció por hechos que presuntamente suceden durante el tiempo en que él ya tenía a los niños. Entonces, obviamente se dan cuenta en la Fiscalía, ellos dicen que después de una ‘exhaustiva investigación’. No, ellos nunca investigaron. Él únicamente fue, denunció y pagó para que se movieran rápido y pudieran evitarme a mí la recuperación de los niños” detalla.
Gracias a la visibilización de su caso en los medios, impulsado por activistas como Gabriela Pablos, y con la intervención del magistrado Heyden Cebada, Elisa logró salir de prisión; sin embargo, lleva dos años sin poder ver a sus hijos, aun cuando ha interpuesto denuncias por ello.
Ahora, sus esperanzas están en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
A Gabriela Pablos, su expareja le quitó a su hijo cuando éste tenía siete meses de nacido. Intentaron hacer lo mismo con su hijo mayor, producto de un matrimonio previo, por lo que tuvo que esconderse durante seis meses.
Su experiencia con la violencia vicaria es doble. Durante su primer matrimonio, con un médico, vivió agresiones emocionales y psicológicas. En su segunda unión, con un francés, esta violencia escaló.
Y cuando lo dejó, él busca al papá de mi otro hijo y planean, juntos, con la misma abogada, hacerme una guerra judicial para quitarme a mis hijos y no pagar pensión. Porque en México nos quitan a nuestros hijos para no pagar pensión y, desde luego, para pisotearnos, destrozarnos”, narra.
La justicia no se puso de su lado. El juez no reconoció que le hubieran quitado a su hijo. Además, la denunciaron por sustracción de menores.
“Yo, desde luego, tenía un amparo, pero, bueno, con dinero baila el perro. Me presionaron para que llevara a mi hijo a la Fiscalía, lo llevé y quitaron la Alerta Amber, pero ya me habían fabricado más y más juicios. Lo que empezó con una demanda y una denuncia… al día de hoy yo tengo más de 90 procesos judiciales abiertos”, cuenta.
Durante una audiencia para corroborar el estado de su hijo mayor, fue detenida, a pesar de los recursos legales que tenía. No fue vinculada a proceso porque un abogado defensor llegó a tiempo, algo a lo que muchas víctimas de violencia vicaria no tienen acceso, y el juez encargado se percató del acoso judicial en su contra.
Gabriela pasó dos años sin ver a su hijo menor, que actualmente tiene cinco años, y apenas hace tres meses comenzó a ir a su casa los fines de semana.
Cuando Blanca Paredes se enteró de que el padre de sus hijos había abusado sexualmente de su sobrina de 15 años, decidió denunciarlo, lo que comenzó un viacrucis legal en su vida.
“Yo lo denuncié, primero, por violencia física y, después, yo me entero de abuso sexual infantil y corrupción de menores hacia mi sobrina de 15 años. Como los hechos ocurrieron en mi casa y yo tenía cámaras de seguridad, de todo esto había videos. Entonces, tenía las evidencias”, cuenta.
Al tratar de denunciarlo, comienzan las amenazas, los bloqueos; él (José de Jesús Covarrubias Dueñas) era magistrado del Poder Judicial del estado de Jalisco, es decir, la máxima autoridad en el estado”, relata.
Enfrentarse a su pareja, que no había reconocido la paternidad de sus hijos y que no los registró como suyos, fue difícil, dado los cargos que su ex había ostentado y la relaciones que tenía en el ámbito judicial.
“Entonces, comenzaron las amenazas de ‘si tú sigues con esto adelante, yo te voy a quitar a los niños’”, narra Blanca.
Luego de violencia física, sexual, económica y patrimonial, Blanca tuvo que hacer frente a una demanda contra ella para quitarle la custodia, cuando su expareja nunca había intentado reconocer a sus hijos legalmente. El argumento: que ella trabajaba dos turnos y no tenía tiempo ni recursos para cuidarlos.
“Ahora resulta que eso es malo, trabajar todo el día para tratar de darle un nivel de vida mejor a los hijos”, señala.
Dadas las conexiones de su expareja, el juicio de paternidad avanzó, no así el de pago de pensión por alimentos.
A la par, a Blanca le fueron cerrando las puertas laborales, obstruyendo sus ingresos, por lo que se ha aferrado a su defensa y al activismo, respaldada en las evidencias contra su expareja.
Actualmente, su expareja fue desaforado y tiene una orden de aprehensión, pero no hay indicios de que sea buscado. El caso de Blanca es el primero sobre violencia vicaria que admitió la CIDH.
Con información de Excelsior
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