Los concesionarios tendrán un plazo de 6 meses para cumplir con las obligaciones de esta reforma.
A propuesta del ahora dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, con licencia legislativa, la Cámara de Diputados aprobó ayer con 392 votos a favor una reforma que dará soporte real a la integración de un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil vinculado al combate a la delincuencia.
Sustentado en el diagnóstico de que 9 de cada 10 extorsiones se realizan a través de comunicación celular, el proyecto permitirá contar con un control al que tendrán acceso las autoridades de seguridad y justicia.
Con 44 votos en contra y 9 abstenciones, el dictamen, enviado al Senado para que se continúe con el proceso legislativo, se formuló con propuestas de otras bancadas de San Lázaro, destinadas a contar con una base de datos que integre la información de todas las líneas de celulares que sería proporcionada por los concesionarios de telecomunicaciones.
Al exponer el proyecto en tribuna, Víctor Manuel Pérez Díaz (PAN) señaló que el delito de extorsión representó pérdidas por 12 mil millones de pesos en 2018.
El PRD y Movimiento Ciudadano alertaron sobre el riesgo de la violación a los derechos humanos y la presunción de inocencia de esta reforma, que en sí misma, dijeron, no garantiza la erradicación de delitos, porque su éxito depende de una estrategia de seguridad eficaz.
Por el PT, el diputado José Mario Osuna aseguró que la Cuarta Transformación protegerá la información de los usuarios de telefonía móvil.
Al expresar el apoyo del PRI a la configuración del padrón, Jesús Sergio Alcántara sostuvo que en México existen más de 120 millones de teléfonos celulares.
Esta reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión estipula que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) operará el padrón y procurará su buen funcionamiento y el intercambio de información con las autoridades competentes, a fin de que éste sea un instrumento que auxilie en la prevención y combate de la extorsión y diversos delitos.
Los concesionarios tendrán un plazo de 6 meses para cumplir con las obligaciones de esta reforma.
