La Auditoría Superior de la Federación detectó que en la Sedatu, hubo inconsistencias en el esquema para la reconstrucción por los sismos de 2017.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante la gestión de Rosario Robles, hubo desvíos e inconsistencias en el esquema para la reconstrucción de viviendas por los sismos de 2017.
Al presentarse el Tercer Paquete de Informes Individuales e Informe General de la Cuenta Pública 2017 de la ASF, se detectaron imprecisiones en los apoyos destinados para atender la emergencia de los sismos en 2017.
De acuerdo con el informe presentado por el titular de la ASF, David Colmenares, se concluyó que la Sedatu no tuvo un censo real y creíble de las viviendas afectadas por los sismos de 2017.
En el censo había más de 190 mil datos duplicados y la dependencia no levantó información en 343 municipios con declaratoria de emergencia (47.6%).
La población damnificada, estimada en 506 mil 298 personas, no recibió las acciones suficientes por parte de las autoridades, en virtud de que se identificaron fallas en los mecanismos de control de Sedatu y Bansefi”, explicó.
«La Sedatu no contó con un censo y un padrón suficiente y confiable para programar y priorizar los apoyos destinados a la reconstrucción y rehabilitación de las viviendas de la población afectada por los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre de 2017”, añadió.
Las tres bases de datos de la secretaría tenían 191 mil 365 registros duplicados en la información de la Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla, los cuales no fueron aclarados por la dependencia, por lo que se careció de información confiable, puntualizó la ASF.
En las nueve auditorías realizadas sobre los esquemas para atender la emergencia derivada de los sismos de 2017 también se detectó que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) no dispuso de procedimientos específicos para la entrega oportuna de los recursos.
Igualmente, en las acciones realizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Chiapas, Oaxaca y Morelos, la ASF detectó irregularidades por 77.4 millones de pesos, debido a la ausencia de documentación que justificara y comprobara el ejercicio de los recursos.
Asimismo, se concluyó que no hubo penas a los proveedores por no haber instalado 221 aulas móviles que sí se pagaron y, en lo que correspondió a las acciones de atención por parte de la Secretaría de Gobernación, esta dependencia no contó con los Atlas de Riesgos Municipales en 85% de los 592 municipios afectados.
“LA AUDITORÍA NO RECOMENDÓ QUITAR RECURSOS A ESTANCIAS”
Aunque no existen indicadores para evaluar el desempeño de las Estancias Infantiles y se detectaron irregularidades, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) nunca recomendó cancelar los recursos al programa. Así lo afirmó David Colmenares, titular de la ASF, al entregar ayer el tercer informe de la instancia relativo a 2017.
Al igual que en las guarderías a cargo del IMSS y del ISSSTE, en las estancias de Sedesol no existen indicadores para evaluar el desempeño de las mismas. Sin embargo, Colmenares, puntualizó que la ASF nunca recomendó cancelarles los recursos.
