FGR ya cuenta con una denuncia por el destino de más de 240 mdd que implica el presunto delito de administración fraudulenta.
La Unidad de Inteligencia Financiera enfrenta el cambio de su titular con decenas de investigaciones en curso por lavado de dinero, entre las que destaca la que sería la próxima denuncia relevante ante la Fiscalía General de la República, en contra de la familia Jenkins por varios delitos.
El martes pasado, Santiago Nieto inició con Pablo Gómez el proceso de entrega-recepción de la UIF y le presentó un informe sobre las investigaciones en curso, las indagatorias que acaban de comenzar, aquellas que están por concluir y que tienen elementos para presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República.
MILENIO confirmó con funcionarios del equipo de la UIF, que uno de los casos más relevantes en estos momentos y que está por concluir, es una investigación que implica posible lavado de dinero, fraude, evasión fiscal y triangulación de recursos de la familia Jenkins, que desde hace 10 años enfrenta una disputa interna.
La FGR ya cuenta con una denuncia por el destino de más de 240 millones de dólares que implica el presunto delito de administración fraudulenta del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins.
La indagatoria de la FGR indica que William Óscar Jenkins constituyó en Puebla la fundación “Mary Street Jenkins”, al morir, la estableció como heredera única y universal, sin herencia alguna para sus hijos, lo que llevó a que estos realizaran una donación simulada de la Fundación Mary Street Jenkins a la Fundación Bienestar de Filantropía controlada por ellos mismos, por lo que fueron denunciados por uno de los hermanos, Guillermo Jenkins de Landa.
En marzo de este año, se libró una orden de aprehensión contra Roberto Jenkins de Lanza y sus hermanos María Elodia, Margarita y Juan Carlos, y su madre Elodia Sofía de Lanza Irizar de Jenkins por operaciones con recursos de procedencia ilícita por 14 mil millones de pesos.
El gobierno de Puebla que se ha visto involucrado en esta disputa familia, de acuerdo con las denuncias de algunos de sus integrantes, por el interés de obtener beneficio de los recursos de la fundación logró reabrir la investigación luego de que se dio por concluida.
MILENIO confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera comenzó a colaborar en esta investigación desde que se giraron las órdenes de aprehensión a inicios de año y aunque la investigación todavía no concluye, han detectado decenas de movimientos financieros irregulares que coinciden con las investigaciones en curso de la FGR.
Priistas, panistas, gobernadores, ex presidentes y magistrados… entre pendientes de la UIF
La lista de investigaciones pendientes de concluir que deja Santiago Nieto en la Unidad de Inteligencia Financiera es muy larga, incluye priistas, panistas, ex funcionarios de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, magistrados y cárteles de la droga.
El equipo de expertos de la UIF, muchas de las personas que lo integran expertas desde hace más de una década rastreando delitos financieros, deberán seguir con las indagatorias y reportar al nuevo titular Pablo Gómez, quien deberá hacerse cargo de las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República.
MILENIO confirmó que apenas hace una semana, personal de la UIF y de la FGR se reunieron en las instalaciones de la unidad para revisar nuevos hallazgos en los casos del ex director de Pemex, Emilio Lozoya; el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
La mayoría de las investigaciones en curso fueron reveladas por MILENIO en los últimos meses, como el caso del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas Valdez a quien investigan por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y triangulación de recursos con empresas fachada que superan los 140 millones de pesos.
Vargas ya tiene una denuncia desde 2020 por movimientos inusuales de 36 millones de pesos y este año sumó una más por una indagatoria que sigue en curso, por irregularidades por 106 millones de pesos que implican a su esposa Mónica Bauer, a su cuñado Peter y a las empresas Inmobiliaria Pasavaba, Inmobiliaria Schlafrau, Nerix, Consorcio de Litigio Estratégico y Asesoría Estratega Total.
Además, de la investigación a los ex calderonistas Ernesto Cordero, Roberto Gil Zuarth, Javier Lozano y Jorge Luis Lavalle que inició a finales de 2020 y que se reforzó tras las declaraciones de Emilio Lozoya al implicar a más de 70 personas en los sobornos de Odebrecht.
Esta investigación toca a los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón; al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray y al ex candidato presidencial Ricardo Anaya, este último, informó este medio de comunicación el pasado 24 de agosto, sin que hasta ese momento se tuvieran elementos para presentar una denuncia penal en su contra.
A principios de año, la UIF también abrió una investigación contra los implicados en Pandora Papers, que incluye a personajes de la Cuarta Transformación como el senador Armando Guadiana; Julia Abdala, pareja del titular de la Comisión Federal de Electricidad y el ex consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer.
Santiago Nieto además, reveló que solicitó al Principado de Andorra información sobre 23 personas que mantienen cuentas bancarias como el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo; los ex diputados Óscar Lara Arechiga y Francisco Arroyo Vieyra; el abogado del ex presidente Enrique Peña Nieto, Juan Ramón Collado y la senadora Sylvana Beltrones, hija del ex presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, de acuerdo a una nota del diario “El País”, aunque la mayoría de los implicados se deslindó de los señalamientos.
La UIF además mantiene una operación para rastrear a los beneficiarios finales de actos de corrupción y a personas implicadas con cárteles de la droga y grupos de la delincuencia organizada, asociaciones, clubes deportivos y artistas, como la denuncia presentada en septiembre en contra de Armando Gómez Martínez y su esposa la cantante Gloria Trevi por evasión fiscal de 400 millones de pesos.
