El líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, hizo pública la propuesta para que los gobiernos estatales tengan facultades para combatir el huachicoleo.
La intención es que la propuesta pueda ser aprobada como parte del paquete de reformas constitucionales prioritarias en septiembre.
Si se aprobara, el delito de robo de combustibles dejaría de ser federal y se convertiría en un delito del orden común.
¿Cómo cambiaría el combate al huachicoleo?
La propuesta de Monreal consiste en dos reformas. La primera, modificar la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a legislar en materia de concurrencia de los tres niveles de gobierno en materia de robo de hidrocarburos y la segunda es una reforma a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
Propone que “el Ministerio Público de las entidades federativas deberá informar oportunamente al Ministerio Público de la Federación del inicio de las carpetas de investigación que por motivo de los delitos mencionados en el párrafo que antecede sean iniciadas, a efecto de que éste cuente con los elementos necesarios para que, en su caso, y de así estimarlo pertinente, solicite la remisión de la investigación”.
Añade que “sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ministerio Público del fuero común podrá realizar las diligencias de investigación que correspondan, sin embargo, en caso de que el Ministerio Público Federal solicite la remisión de la investigación, estas deberán de ser enviadas con todo lo que con ellas se relacione, dentro del plazo de tres días a partir de aquel en que se hubieren concluido; si hubiese personas detenidas, la remisión se hará sin demora y se observarán las disposiciones relativas a la retención ministerial por flagrancia”.
Plantea que “las diligencias desahogadas hasta ese momento por las autoridades de las entidades federativas gozarán de plena validez. Cuando el Ministerio Público de la Federación conozca de los delitos previstos en esta ley, podrá remitir al Ministerio Público de las entidades federativas la investigación para los efectos del primer párrafo de este artículo.
(EXCÉLSIOR)
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