El diputado Porfirio Muñoz Ledo calificó la ampliación del mandato de Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como un “golpe de Estado” orquestado por un grupo al interior del movimiento lopezobradorista que pretende hacerse de la totalidad del poder en 2024, engañando al Presidente de la República.

“Un albazo incitado en las entrañas de un grupo con intereses perversos al interior de nuestro movimiento los cuales, bajo la máscara de aduladores, pretenden engañar a quienes encabezan el Ejecutivo y Judicial. Se trata de un golpe de Estado prospectado por quienes desean hacerse de la totalidad del poder en 2024, orientado a sentar las bases de un régimen autoritario y la desaparición del sistema de división de poderes”, acusó.

En un texto titulado “La conspiración fallida” y compartido en sus redes sociales, el legislador advirtió que “el Presidente de la República no podría, bajo ninguna circunstancia, hacerse cómplice de esta trampa que le han tendido, al establecer que otro poder de la unión pudiese extender su mandato por dos años, sin que esto implicara reelección”.

En ese contexto, Muñoz Ledo definió como “patéticamente inconstitucional” la reforma aprobada por el Senado de la República para extender dos años la gestión de Zaldívar como presidente de la Corte y dijo que ello podría conducir a la disolución del régimen republicano de gobierno.

“Llamo a mis compañeras y compañeros legisladores -en particular a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política- a evitar un albazo parlamentario y promover, en cambio, un debate nacional sobre esta cuestión trascendental para el futuro del país”, arengó.

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En su escrito, el ex presidente de la Cámara de Diputados acusó al Poder Legislativo de realizar la vergonzosa tarea de violar flagrantemente la Constitución mediante el dictamen que amplía el mandato del presidente de la Suprema Corte por dos años.

Estimó que, por la manera en que se operó la reforma, ni el presidente López Obrador ni el ministro Zaldívar fueron consultados anticipadamente sobre la maniobra, toda vez que “sus trayectorias por la constitucionalidad democrática que hoy rige al país son un aval intachable”.

Ambos saben que la reforma votada por el Senado de la República constituye un atropello a la Carta Magna y que de aprobarla la colegisladora abre la puerta a la sistematización de quebrantamientos y contravenciones al sistema jurídico sin responsabilidad alguna.

Nos colocaríamos ante el callejón sin salida de una crisis constitucional donde los propios poderes constituidos vulnerarían sus actuaciones en relación de unos con otros, dijo.