El Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) se aseguró de allanar la impunidad de sus funcionarios implicados en la contratación y operación de Pegasus. A mediados de 2017, después de que estallara el escándalo de espionaje orquestado desde el Gobierno en contra de activistas y periodistas, el órgano interno de Control (OIC) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) recibió una denuncia por ese caso y abrió una indagatoria para investigar si existía alguna responsabilidad administrativa por parte de los servidores públicos de la PGR que intervinieron en las contrataciones del programa espía Pegasus.

El expediente quedó a cargo del OIC, la instancia investigadora que en ese tiempo todavía dependía de la Secretaría de la Función Pública (SFP). La investigación no duró mucho. El 21 de marzo de 2018, ocho meses antes de que concluyera el Gobierno de Peña Nieto, el área de quejas del OIC emitió un acuerdo mediante el cual se archivaba el caso al no haber mayores elementos para continuar con la indagatoria, se desprende de un oficio entregado a el medio el EL PAÍS a través de la ley de transparencia. Actualmente, el exprocurador Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio, dos de los funcionarios clave en las contrataciones, están bajo investigación de la Función Pública.

Esta semana una investigación periodística coordinada por Forbidden Stories, en colaboración con un consorcio de medios internacionales y nacionales, reveló que al menos 15 mil personas de México fueron espiadas con Pegasus, un software creado por la empresa israelí NSO Group que se infiltra en los teléfonos teniendo acceso a todos sus archivos y aplicaciones. Entre las víctimas hay periodistas, defensores de derechos humanos, diplomáticos, políticos de todos los partidos y padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Todos ellos habrían estado bajo vigilancia por medio de la intervención de sus teléfonos entre 2016 y 2017.

Esta nueva revelación apunta a una cantidad de objetivos mucho mayor de la que se tenía conocimiento tras las primeras revelaciones hechas en junio de 2017. En ese entonces, un grupo de periodistas y defensores de derechos humanos denunciaron públicamente que sus teléfonos habían sido infectados con el sofisticado software desatando tras la revelación uno de los mayores escándalos que enfrentó el expresidente Enrique Peña Nieto.

La Fiscalía nunca ha dicho públicamente si como parte de las investigaciones por la compra de Pegasus se investiga al exprocurador Murillo Karam. En respuesta a un requerimiento hecho por el País y después de que el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) le ordenara abrir la información, la FGR ahora a cargo de Alejandro Gertz Manero informó que el exprocurador sí estuvo sujeto a una investigación por parte de la Fiscalía de Asuntos Internos, la responsable de investigar a los servidores o exservidores públicos de la FGR. Esta instancia dijo escuetamente que localizó una averiguación previa iniciada en contra de Murillo Karam, pero no aclaró si tenía vinculación a Pegasus. El expediente concluyó con un dictamen de no ejercicio de la acción penal, es decir, un fallo de exoneración que lo libera de cualquier cargo penal.

F. El País