México requiere del compromiso de todas las autoridades, incluidas las judiciales, para atender de forma adecuada las violaciones de derechos humanos.

La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instaron este jueves al esclarecimiento de los delitos y transgresiones de los derechos de la periodista y defensora de las garantías fundamentales Lydia Cacho.

En 2005, Cacho publicó el libro “Los demonios del edén”, que traía a la luz la operación de una red de prostitución infantil que implicaba a empresarios y políticos de alto nivel. Varios meses después, el mismo año, agentes del gobierno del estado de Puebla la detuvieron en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, por presuntos cargos de difamación contra el empresario Kamel Nacif, cercano al gobernador del estado de Puebla.

La periodista fue trasladada por tierra a Puebla en un vehículo de Kamel Nacif, según el testimonio de Cacho. Durante el largo trayecto -unos 1500 kilómetros-, sufrió torturas y amenazas que buscaban que desmintiera la información contenida en el libro.

Un mes después, se dio a conocer una grabación entre el empresario y el entonces gobernador poblano, Mario Marín, en la que hablaban de la intimidación a la comunicadora. Con esa revelación, la Suprema Corte de Justicia de México abrió una investigación sobre la tortura padecida por Cacho que no avanzó durante años.

Órdenes de aprehensión

En 2019, el nuevo gobierno mexicano le pidió disculpas a la periodista y giró órdenes de aprehensión contra el ex gobernador y el empresario, así como contra el ex director de la Policía Judicial de Puebla, Hugo Karam. Marín fue detenido en febrero de este año, pero Nacif y Karam siguen prófugos.

El 15 de julio pasado, un tribunal con sede en Cancún amparó a Nacif contra el auto de formal prisión. ONU Mujeres y la Oficina de Derechos Humanos recordaron “la obligación de las instituciones del Estado mexicano de garantizar una investigación efectiva de los delitos y las violaciones a los derechos humanos que sufrió la periodista y defensora de derechos humanos” por desempeñar un trabajo legítimo.

Las dependencias de la ONU señalaron que para evitar que los responsables sigan impunes, dicha investigación debe incorporar plenamente la perspectiva de género e identificar no sólo a los perpetradores sino a los autores intelectuales de los abusos.

Asimismo, reiteraron su solidaridad con Lydia Cacho y encomiaron a los defensores de derechos humanos y periodistas que han apoyado su búsqueda de justicia.

Agregaron que México requiere del compromiso de todas las autoridades, incluidas las judiciales, para atender de forma adecuada las violaciones de derechos humanos, haciendo efectivos los derechos de las víctimas de acceso a la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición.

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