El 50 por ciento de los reclusos consume algún tipo de droga, la mayor parte tiene entre 26 y 35 años de edad; además, la falta de sentencia dificulta activar los protocolos contra las adicciones.
Aunque los últimos resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria colocaron a Tlaxcala con una calificación de 7.12 y en la octava posición entre los mejor evaluados, la CNDH refiere que en el sistema penitenciario local está pendiente la homologación de los procesos de atención con el Protocolo para el Tratamiento y Control de Adicciones de las Personas Privadas de la Libertad, como lo establece la fracción XVI del artículo 33 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
En México el 50 por ciento de la población en internamiento penitenciario consume drogas: marihuana, cocaína, solventes, metanfetaminas, cristal, heroína o alcohol, refiere el libro Un modelo de atención y tratamiento para las personas con farmacodepedencia en prisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El informe señala que los centros de reinserción social de Tlaxcala basan sus prácticas para erradicar y prevenir las adicciones en dos programas: “Prevención de las Adicciones” y “Satisfactores Cotidianos para Consumidores de Psicoativos”, cuyo contenido brindan herramientas cognitivas para la disminución del consumo.
De acuerdo a los reportes estadísticos el 94 por ciento de los hombres recluidos y 9 por ciento de las mujeres tienen o adquirieron farmodependencia durante su estancia en prisión; además advierte que el mayor porcentaje de internos e internas adictos son jóvenes.
Del total de la población femenil con problemas de farmacodependencia, el 40.7 por ciento se encuentra entre los 26 y 35 años, le sigue la población de 36 a 45 años (24.1 por ciento) y de 18 a 25 años (22.7 por ciento).
Respecto a la población masculina, el 42.2 por ciento es de 26 a 35 años, seguido de la población de 36 a 45 años (24.1 por ciento) y de 18 a 25 años (21.4 por ciento).
La CNDH destaca que, aunque se observa interés por parte de las entidades federativas de atender la problemática, independientemente de las limitaciones de personal, recursos o infraestructura existentes, “los datos expuestos evidencian un alto número de personas que no es atendida en ningún programa de desintoxicación. Por su parte, un elevado porcentaje de mujeres identificadas como farmacodependientes no se les vincula al tratamiento, por lo cual su adicción es desatendida.”
La recomendación que lanza la CNDH está enfocada a la correcta homologación el Protocolo nacional, pero destaca que la activación de los protocolos de atención choca contra la situación legal de los internos, la mayoría de ellos sin sentencia por largos periodos.
“La situación en la que se encuentran las personas procesadas es bajo una simulación de derechos, ya que si bien deben ser garantizados en reclusión, privilegiando la protección a su seguridad, integridad y salud, es difícil incorporarles a programas determinados, incluyendo el de rehabilitación por problemas de farmacodependencia, ya que su situación es indeterminada y no se sabe si estará próxima su libertad”.
