El legislador Miguel Ángel Macedo busca que regalar o vender alimentos con altas calorías y bebidas azucaradas a menores de edad sea considerado un delito contra la salud.
Dar chocolates, frituras, dulces, jugos o refrescos con azúcar a niños y adolescentes estará prohibido en la Ciudad de México si se aprueba la iniciativa presentada por el diputado de Morena, Miguel Ángel Macedo Escartín, ante el Congreso capitalino.
El proyecto presentado convierte en un delito contra la salud la venta, donación, distribución o regalo de alimentos envasados de alto contenido calórico, así como de bebidas azucaradas a menores de edad, para ello se busca reformar el Artículo 47 BIS a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes local.
La restricción aplicaría también en escuelas públicas y privadas desde preescolar hasta bachillerato, incluyendo máquinas expendedoras. Los únicos que quedan fuera de esta prohibición sólo los padres, madres o tutores quienes decidan dar a sus hijos o menores bajo su tutela estos alimentos y bebidas, establece la iniciativa.
En su propuesta, Macedo Escartín argumenta que el propósito de resolver los problemas de salud que inician en la infancia por el consumo de alimentos envasados altos en calorías y bebidas azucaradas, generando padecimientos como el sobrepeso y la obesidad.
“(La prohibición) influirá de manera considerable en el cuidado y la protección a la salud, generando mejores condiciones y mayor calidad de vida para todas las personas”, señala la iniciativa.
Para ello la Secretaría de Salud local deberá aplicar y vigilar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas para determinar cuáles serán las bebidas y alimentos a los que aplicaría la prohibición.
La reforma planteada es similar a la que se aprobó en Oaxaca, que ha recibido el respaldo del gobierno federal y que ha cobrado eco: este lunes se aprobó una reforma similar en Tabasco.
Mientras que otras iniciativas similares se han planteado en Colima, Chihuahua, Veracruz y Estado de México, entre otros estados. Pero también han recibido el rechazo de representantes del sector empresarial.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) considera que esta reforma es «una barrera a la libertad comercial» que incentivará la economía informal, lo que pondrá en riesgo la salud de las familias ante productos que pueden no cumplir con la normatividad sanitaria correspondiente.
«Consideramos que dicha medida daña las cadenas de valor, perjudicando principalmente a los sectores más desfavorecidos de la población, sobre todo aquellos que viven del comercio», expusieron en el último de los comunicados emitidos sobre el tema.
