Presentó en el Congreso de la Unión propuesta para la protección de mujeres y niñas víctimas de violencia
Las órdenes de protección son reconocidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia desde el año 2007 y constituyen un derecho de fuente convencional que protege a las mujeres de todos los tipos de violencia, incluso si no son presuntamente constitutivos de un delito.
Nancy de la Sierra Arámburo, coordinadora del Grupo Plural, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una propuesta para exhortar a los Gobiernos de las entidades federativas a emitir o actualizar su protocolo para la emisión y seguimiento de órdenes de protección para mujeres y niñas víctimas de violencia, conforme a los estándares internacionales de los derechos humanos.
El feminicidio de Luz Raquel Padilla ha dejado al descubierto las carencias en la política de cuidados, derechos de las personas con discapacidad y seguridad de las mujeres. Así como da muestra de la violencia sistemática e institucional contra las mujeres víctimas de violencia, ya que, tal como Cecilia Monzón, Abril Pérez y miles de mujeres mexicanas, Luz Raquel fue asesinada esperando órdenes de protección que nunca llegaron.
“Son consecuencia de omisiones concretas como la falta de información, especialización, protocolos y recursos destinados a las órdenes de protección que deberían salvar a las mujeres y niñas que se encuentran en situación de violencia”, explicó la Senadora por Puebla.
Dieciséis entidades federativas cuentan con un protocolo para la emisión de órdenes de protección disponible para consulta pública, de acuerdo con el documento Rutas para que las mujeres accedan a las órdenes de protección de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En ese sentido, la proposición con Punto de Acuerdo solicita a los Congresos estatales la adecuación de sus respectivas Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para armonizarlas con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a los estándares internacionales en materia de órdenes de protección.
“Es necesario que las entidades federativas que no cuentan con un protocolo para la emisión de órdenes de protección en favor de las mujeres y niñas en situaciones de violencia emitan uno cuanto antes, para evitar que la violencia de género escale en sus respectivas localidades”, agregó.
Derivado de la investigación de activistas de la Equis Justicia para las Mujeres en ocho entidades (Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Puebla, Veracruz, Ciudad de México, Yucatán y Guanajuato), se concluyó que ningún estado reportó con precisión la totalidad de medidas de protección emitidas y sólo algunos indicaron el número de policías destinados a la ejecución de estas.
Por esa razón, también hace el respetuoso llamado a los Poderes Judiciales Estatales y a las Fiscalías Estatales para crear políticas de transparencia respecto a la recepción y ejercicio de recursos destinados a la emisión y seguimiento a las órdenes de protección para mujeres y niñas víctimas de violencia.
La Senadora de la Sierra también expresó su preocupación por la campaña revictimizante emprendida por la Fiscalía de Jalisco contra Luz Raquel, que ha pretendido culpar a la víctima sin pruebas contundentes y contribuir a un dañino y violento discurso público que convierte a las víctimas en victimarios.
De la Sierra Arámburo concluyó su participación recalcando que el feminicidio de Luz Raquel Padilla, cuidadora de su hijo con autismo, ha detonado un reclamo social por garantizar el derecho al cuidado, por lo que pidió a las y los Legisladores acelerar el análisis de la minuta con reforma constitucional que reconoce el derecho al cuidado, así como la iniciativa que expide la Ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados que valore estas labores social y económicamente, así como para hacer de los cuidados una responsabilidad compartida entre madres, padres, tutores, el sector privado y sobre todo, el Estado.
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