La justicia abierta precisa que la ciudadanía conozca y comprenda qué deciden sus autoridades y por qué, sostuvo la Comisionada Josefina Román.
La publicidad de las sentencias judiciales contribuirá a revertir la crisis que enfrenta México en el acceso a la justicia, sostuvo la Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Josefina Román Vergara, al inaugurar el foro “Transparencia Judicial y Publicidad de las Sentencias Judiciales”, de la Región Sureste del Sistema Nacional de Transparencia (SNT).
“Según el índice Global de Impunidad, México ocupa el lugar número 60 de un total de 69 países que están en este récord de impunidad y, acorde a lo sostenido en dicho estudio, ello se debe, en gran medida, a que la mayoría de los delitos no se denuncian, pues se estima que únicamente en uno de cada diez casos se acude a las autoridades competentes”, refirió.
Román Vergara planteó que la impunidad puede deberse a la falta de cercanía entre la ciudadanía y las instituciones de impartición de justicia o a la poca valoración que la sociedad realiza a las actividades judiciales; ante ello, propuso como solución la justicia abierta.
“La justicia abierta precisa que la ciudadanía conozca y comprenda qué deciden sus autoridades y por qué; sobre todo, exige de un entendimiento de la sociedad y en consecuencia un mayor involucramiento y participación de la ciudadanía”, explicó.
La Comisionada del INAI sostuvo que esas acciones se materializan, en parte, con la reforma al artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que prevé como obligación de transparencia la publicidad de todas las sentencias emitidas por los poderes judiciales de los tres niveles de gobierno, sin excepción.
“Así, en ese círculo virtuoso de la rendición de cuentas, en un ejercicio de contraloría social, las y los mexicanos podemos conocer, pero también evaluar el trabajo de jueces y juezas, y así generar confianza y cercanía con los órganos jurisdiccionales”, subrayó.
A su vez, el Coordinador de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del SNT y Comisionado Presidente del INFO CDMX, Julio César Bonilla Gutiérrez, aseguró que la transparencia de las sentencias era una deuda normativa de las instituciones jurisprudenciales y del sistema mexicano de cara a las personas, que ahora debe saldarse con hechos y actos.
“Materializar los alcances de la reforma requerirá de esfuerzos y recursos que, con creatividad sujetos obligados y organismos garantes, habremos de hacer confluir y coordinar para poner el Derecho y sus argumentos al alcance de las personas”, apuntó.
En su intervención el Coordinador de la Región Sur del SNT y Comisionado Presidente del órgano garante de Tabasco, Ricardo León Caraveo, consideró que la obligación de publicar las sentencias abonará a que los órganos jurisdiccionales y los juzgadores adopten un lenguaje más claro, accesible y entendible para la sociedad, con lo cual se fortalecerá la justicia.
“La publicidad de las sentencias nos va a permitir que tengamos opinión informada, datos precisos y resoluciones que, al ser públicas, nos aporten mejores elementos para tener criterios de valoración”, recalcó.
Finalmente, la Coordinadora de la Comisión de Protección de Datos del SNT y Comisionada del órgano garante de Baja California, Denise Gómez Castañeda, quien impulsó los trabajos del foro, indicó que estos espacios permitirán a operadores jurídicos de las instancias jurisdiccionales y de los órganos garantes de transparencia plantear la manera en que se implementará la reforma.
“Los desafíos administrativos y presupuestales que se avecinan son distintos en cada entidad federativa. Desde esta Comisión de Protección de Datos buscamos ofrecer estos espacios para el debido tratamiento de datos personales de las sentencias”, manifestó.
El acto inaugural fue moderado por el Secretario Ejecutivo del SNT, Federico Guzmán Tamayo; estuvieron presentes Comisionadas y Comisionados de los órganos garantes integrantes de la Región Sureste, así como representantes de los poderes judiciales de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
