Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, declaró que existen pruebas de la vinculación de los hermanos González Vieyra con la delincuencia organizada, en relación con la detención de Giovanni y Uruviel González Vieyra, alcaldes de los municipios de Tlachichuca y Chalchicomula de Sesma, respectivamente.
La presidenta aclaró que esta acción no fue similar a la “Operación Enjambre”, que implicó la detención de funcionarios del Estado de México vinculados a actividades delictivas, sino que fue resultado de una investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), que llevó al arresto de los hermanos González Vieyra, quienes están ligados al Movimiento Ciudadano.
“La investigación se lleva a cabo cuando se detecta un hecho delictivo, y si se encuentra que hay autoridades involucradas, se continúa con el proceso, ya sea a nivel estatal o federal. No se trata de una investigación dirigida exclusivamente a autoridades”, explicó la presidenta.
El 7 de marzo, la FGE, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional, realizó un cateo en varias propiedades de los hermanos González Vieyra y arrestó a Uruviel, Giovanni y su padre, Ramiro Margarito González Navarro. El tercer hermano, Ramiro González Vieyra, logró escapar con la ayuda de pobladores de San Nicolás Buenos Aires, municipio donde es alcalde.
Los hermanos, alcaldes de tres municipios del Valle de Serdán, están acusados de delitos como extorsión, secuestro, lavado de dinero y asociación delictuosa. Durante el cateo en sus propiedades se hallaron armas, sustancias ilícitas y animales exóticos.
Este 13 de marzo, se determinó que no existen pruebas suficientes para acusar al padre de los alcaldes, quien inició el cacicazgo de la familia González en Tlachichuca, donde fue alcalde de 1998 a 2001. Giovanni y Uruviel permanecen recluidos en el penal de Tepexi de Rodríguez.
El gobernador Alejandro Armenta, informó que las detenciones están relacionadas con enfrentamientos ocurridos en el pasado entre miembros de la Guardia Nacional y la Sedena, contra policías municipales y delincuentes en estos municipios, en los que fueron abatidos elementos de seguridad. Armenta Mier precisó que las investigaciones fueron iniciadas mucho antes de su administración.
Durante dos días, un centenar de pobladores de Tlachichuca bloquearon los accesos al Congreso del Estado para exigir la liberación de los hermanos González Vieyra. El gobernador aclaró que la ley no es negociable y pidió que cesaran las protestas.
Los hermanos Uruviel, Ramiro y Giovanni González Vieyra, presidentes municipales de Ciudad Serdán, Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires, respectivamente, fueron detenidos la mañana del viernes 7 de marzo durante un operativo de la Fiscalía General del Estado de Puebla.
Armenta evitó pronunciarse al respecto debido a la veda electoral por las elecciones extraordinarias que se celebrarán el próximo 23 de marzo.
“La Fiscalía es un ente autónomo que trabaja bajo dos principios fundamentales, la presunción de inocencia y el debido proceso. Son temas de la procuración de justicia y del Poder Judicial porque para que haya una orden de cateo, eso no está en el ámbito del Ejecutivo”, señaló el mandatario.
Según información preliminar, la FGE ejecutó órdenes de cateo en propiedades vinculadas a los alcaldes, ubicadas en la calle 2 Poniente.
Una de ellas, propiedad de Ramiro González Vieyra, se encuentra cerca del Parque 20 de Noviembre, mientras que otra corresponde a un rancho de Uruviel González Vieyra.
La detención de los hermanos González Vieyra ha causado conmoción en la región, ya que los tres encabezan administraciones municipales en la Mixteca poblana.
De hecho, los hermanos gobiernan tres municipios de Puebla que representan casi el 70% de la región de Serdán y la Sierra Nororiental del estado. Además, Uruviel y Giovanni lograron la reelección en sus respectivos municipios el pasado 2 de junio.
Hasta el momento, las autoridades no han detallado los cargos específicos que enfrentarán, pero se espera que en las próximas horas se defina su situación jurídica. Ninguno de los municipios involucrados ha fijado una postura sobre las intervenciones ministeriales.
Con información de La Silla Rota
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