La Auditoría Superior de la Federación detectó que la factura del vehículo es del 28 de febrero del 2018; es decir, la camioneta no era nueva, como correspondía.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) pidió al Senado castigar a los funcionarios involucrados en contratos irregulares por 73.4 millones de pesos, pues compraron una camioneta vieja como nueva, beneficiaron a un proveedor y adjudicaron un contrato de seguro de bienes inmuebles sin contar con los compromisos jurídicos para cada una de las partes.
De acuerdo con el informe de la ASF entregado a la Cámara de Diputados la semana pasada, el Senado de la República compró una camioneta para usarla como unidad móvil del Canal del Congreso, en medio de un proceso de irregularidades, pues además de que orilló al retiro de algunos de los proveedores interesados, al final pagó 40 millones 508 mil 600 pesos por la camioneta que debía ser modelo 2019, pero que en verdad era de febrero del 2018; es decir, no era nueva.
Precisa que, en 2018, el Canal del Congreso solicitó la compra de una camioneta Sprinter Mercedes Benz Cargo Van Extra Larga Básica y aunque se solicitó un análisis detallado del porqué esa camioneta era la mejor opción, éste no se entregó.
Además, se negó la posibilidad a proveedores participantes de la licitación de postergar la fecha de entrega, dado que equipar la camioneta como se requería llevaba más tiempo del que pedía el Senado, lo que generó que los proveedores se retiraran de la licitación.
Al final, el proveedor que ganó la licitación entregó la camioneta en los tiempos solicitados por el Senado, pero la Auditoría Superior de la Federación detectó que la factura del vehículo es del 28 de febrero del 2018; es decir, la camioneta no era nueva, como correspondía.
En el informe de la ASF no se incluye el nombre del proveedor; sin embargo, en el reporte de contrataciones del Senado de la República, correspondiente al tercer trimestre del 2018, se observa la compra de una Unidad Móvil para el Canal del Congreso por 21 millones 319 mil 590 pesos, a la empresa Sistemas Digitales en Audio y Video SA de CV. Refiere que el responsable de esa compra, vía licitación pública, fue la Dirección General del Canal del Congreso.
La Auditoría también pide al Senado que sancione a los empleados que concretaron la compra de cámaras de televisión de alta definición, por otorgar un contrato de 18 millones 73 mil 800 pesos, en medio de un proceso evidente de favoritismo al proveedor, pues está documentado que otros participantes de la licitación aclararon que 13 días para la entrega del producto era insuficiente, por lo que pidieron un mayor tiempo, el cual no fue autorizado por el Senado.
Sin embargo, mientras que la Cámara alta no quiso dar esos 13 días para los demás participantes en la licitación, está documentado que el proveedor al que se le entregó el contrato entregó las pantallas hasta 25 días después; es decir, una semana tarde del tiempo que originalmente el Senado dijo que era improrrogable. La ASF precisó que este contrato también fue a petición del Canal del Congreso.
No fue posible cotejar la información con la relación de contratos del Senado, dado que no hizo público el reporte del último trimestre del 2018, por lo que respecto a este tema no se sabe el nombre del proveedor.
De igual forma, en el último cuatrimestre del 2018, en el Senado de la República se concretó la compra de un seguro para la nueva sede por 14 millones 986 mil 800 pesos, sin que contara “con el instrumento jurídico en que se establecieran las obligaciones de la Cámara de Senadores y de la Aseguradora”.
Aunque la evaluación general de la Auditoría Superior de la Federación fue positiva para el manejo de mil millones de pesos del presupuesto del Senado en el último cuatrimestre del año, hizo seis observaciones y tres promociones de responsabilidad administrativa sancionatorias para que la Cámara alta aplique los castigos respectivos a los servidores públicos que incurrieron en estas irregularidades.
