El proyecto del ministro Luis María Aguilar señala que la figura constituye «una pena anticipada» y busca que jueces decidan si un acusado se queda en prisión mientras se le juzga

Un proyecto del ministro Luis María Aguilar, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perfila anular la obligatoriedad de la prisión preventiva oficiosa en México, al considerar que esta medida es violatoria de derechos humanos previstos en tratados internacionales y le ha valido al país señalamientos por parte de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El proyecto establece dejar a los jueces penales la libertad, según el caso, de decidir si un acusado es sujeto a prisión preventiva mientras se le juzga, sea cual sea el el delito. Así, solo existiría la prisión preventiva justificada, en la cual la Fiscalía tiene que sustentar con pruebas la permanencia del acusado en prisión.

“Lejos de ser una medida cautelar, su aplicación automática impide que el juzgador valore las condiciones fácticas del caso y, eso la traduce en una pena anticipada que vulnera la presunción de inocencia”, enfatizó el ministro en su proyecto, que será analizado en el pleno de la corte este jueves 25 de agosto.

Dicho paradigma legal «golpea en forma más dura a las personas en situación de pobreza extrema que no pueden acceder a una defensa adecuada y, por estar privadas de la libertad, condenan a la precariedad y a permanecer en pobreza a sus familias», se señala en el proyecto, pues, acusa, de las 226 mil personas en prisión hasta junio pasado, el 40.8 por ciento, o 92 mil 595 personas no habían sido sentenciadas.

Esto último, ante la ampliación del catálogo de delitos de prisión forzosa y pese a la existencia desde 2008, de un sistema penal acusatorio que, en teoría, privilegia la presunción de inocencia y prevé medidas alternativas a la prisión preventiva.

De sumarse los los votos de ocho ministros, se eliminaría la obligatoriedad de la prisión preventiva oficiosa sería suprimida sobre los siguientes delitos:

  • Delincuencia organizada
  • Delitos violentos
  • Secuestro
  • Trata de personas
  • Homicidio doloso
  • Feminicidio
  • Robo a casa habitación
  • Abuso sexual a menores
  • Abuso de servidores públicos
  • Robo a transporte de carga
  • Robo de hidrocarburos
  • Sobre armas prohibidas
  • Desaparición forzada
  • Uso de recursos con fines electorales
  • Delitos contra la salud
  • Enriquecimiento ilícito
  • Fraude fiscal por más de 8.7 mdp
  • Contrabando por más de 8.7 mdp
  • Factureros

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