Para ello este día en sesión ordinaria se aprobó la conformación de la Comisión Especial de diputados que conocerá de las dos denuncias.
El Congreso del Estado analizará las dos denuncias de juicio político que existen en contra del magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Mario de Jesús Jiménez Martínez por manejo discrecional de recursos público durante su periodo como presidente del Poder Judicial local.
Para ello, en la décima séptima sesión ordinaria del Congreso del Estado, los diputados aprobaron por mayoría de votos la propuesta con proyecto de acuerdo para crear la Comisión Especial de Diputados que conocerá de las denuncias en mención.
La Comisión Especial estará presidida por el diputado de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Covarrubias Cervantes; mientras que la diputada del Partido del Trabajo (PT), Irma Yordana Garay Loredo fungirá como vocal; además de la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mayra Vázquez Velázquez que también es vocal.
Esos legisladores deberán hacerse de pruebas documentales y testimoniales para determinar si existen o no los elementos suficientes para iniciar el proceso solicitado por los promoventes de juicio político en contra del magistrado del Poder Judicial.
La primera denuncia la presentaron los abogados Jerónimo Popocatl Popocatl, Raciel Santacruz Meneses, María Estela Sánchez García, Yessenia Carrillo Romero y Bernardo Fernández Sánchez, que acusan el manejo discrecional de recursos públicos durante el periodo del magistrado Jiménez Martínez cuando fungía como presidente del Poder Judicial local.
Se trata en específico de la supuesta repartición discrecional entre algunos magistrados del TSJE de aproximadamente 10 millones de pesos provenientes de una devolución del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Mientras que la segunda denuncia en contra de Mario de Jesús Jiménez fue interpuesta por los periodistas Edgardo Cabrera Morales, José Luis Ahuactzi Ávila y Javier Conde, por actos u omisiones que ha causado en perjuicio a los intereses públicos fundamentales.
Una vez que dicha comisión sea formalmente instalada comenzarán con el desahogo de las pruebas sobre ambos casos para determinar si los expedientes se turna a la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes del Congreso del Estado o si son desechadas.
