La propuesta se avaló por unanimidad de votos por parte de los legisladores para reformar el artículo 404 del Código Penal de Puebla y será este jueves cuando se vote por el pleno.
La comisión de Procuración de Justicia del Congreso del Estado, avaló la iniciativa del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, para castigar con 10 años de prisión al personal de salud que venda, distribuya o traslade vacunas en contra del COVID19.
La propuesta se avaló por unanimidad de votos por parte de los legisladores para reformar el artículo 404 del Código Penal de Puebla y será este jueves cuando se someta a consideración del pleno esta propuesta enviada por el mandatario poblano.
Con base en el dictamen, las penas aplicarán cuando sean vacunas falsas o reales, pero estas últimas se utilicen con fines ilícitos en el estado de Puebla.
El dictamen se explica que también habrá penas de cárcel pero hasta por siete años, en contra de los poblanos que también vendan vacunas falsas o usen las verdaderas con fines ilícitos.
“Prisión de cinco a siete años, en el caso del delito contemplado en la fracción XXI del artículo 404. La presente sanción se incrementará hasta una mitad, cuando el delito lo cometa un profesional de la salud y con la suspensión de su cédula profesional y licencia comercial por diez años para el derecho de ejercer su profesión y comercio”.
