El dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025 fue aprobado en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados con el voto en contra de la oposición, que lo considera injusto con los estados y municipios.
Representantes del PAN y del PRI cuestionaron que las asignaciones a los gobiernos locales es una de las más bajas en términos reales de los últimos años. Alertaron que ésta será la peor distribución de la renta petrolera porque mientras Pemex se llevará el 75% de sus ingresos, a la Federación solamente le dejarán el 25 por ciento.
Morena, PT, PVEM y MC sumaron 22 votos favor; los diputados panistas y priistas 10 en contra. Hoy martes será respaldado por las mismas bancadas en el pleno de los diputados.
La propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue avalada sin cambio alguno, dando por buena la proyección de que para el próximo año se tendrá un total de 9 billones 302, 015.8 millones de pesos de ingresos.
De ese monto, los ingresos del gobierno federal por cobro de impuestos ascenderían a 5 billones 297,812.9 mdp; de ingresos derivados de financiamientos, 1 billón 246,366.5 mdp, y se espera una recaudación federal participable (por venta de petróleo, derechos de minería e impuestos federales) por 4 billones 892 mil 179.6 mdp.
El diputado Emilio Suárez Licona (PRI) dijo que este paquete “no garantiza que nuestro país preserve su grado de inversión”, porque se tiene, describió, “el mayor saldo histórico de requerimientos financieros del sector público, el mayor déficit, y la más alta tasa de interés real de lo que va del siglo”.
Calificó como un escándalo “la destrucción de la capacidad contributiva de Pemex” y criticó que se diga que tendrá crecimiento, cuando es incapaz de pagarle a sus proveedores.
Y consideró que la propuesta fiscal implica “acoso, abuso y terrorismo en contra de los contribuyentes”.
Lo más triste, comentó el diputado Yerico Abramo Masso, “es que hay un descobijo total de estados y municipios en materia de fondos especiales para infraestructura regional, no hay apoyo para solucionar los problemas de movilidad”.
Se alertó que, si bien existe un incremento en las participaciones en materia de mantenimiento carretero y seguridad, se desconoce su destino concreto.
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