El Informe de la consultoría externa fue dado a conocer este día en la segunda sesión ordinaria del Consejo Consultivo
Inactividad procesal, rezago en expedientes de queja del año 2016 al 2018, incumplimiento de plazos y términos, deficiencias en la sustanciación de quejas, falta de actividad del personal adscrito a las ocho visitadurías, y servidores públicos sin perfiles profesionales adecuados, son parte de los resultados de la auditoría jurídica aplicada a las áreas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
El informe de la consultoría externa a cargo del Despacho de Consultoría Legal y Capacitación en Derechos Fundamentales, con sede en Puebla, fue dado a conocer este día en la segunda sesión ordinaria del Consejo Consultivo de la CEDH.
Al respecto, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jakqueline Ordoñez Brasdefer coincidió con el despacho al calificar los resultados de la auditoría como ‘desalentadores’, por lo que aplicarán las 10 recomendaciones diseñadas por los especialistas.
Entre las recomendaciones se encuentran: establecer un programa de selección del personal bajo el sistema de oposición; diseñar y establecer un sistema de evaluación continua al personal; capacitar al personal directamente vinculado con el desarrollo procesal de expedientes de queja, en diferentes temas; reorganizar toda la estructura de la Dirección de Programas y Atención a la Sociedad Civil cuidando el perfil profesional de las personas; y reorganizar totalmente el Centro de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos, en virtud de que la mayoría del personal de esa área carece del perfil y la formación idónea; reorganizar la estructura interna de las ocho visitadurías.
Sobre los resultados de la auditoría jurídica a la CEDH, Marco Antonio Serdio Santillana, representante del Despacho de Consultoría Legal y Capacitación en Derechos Fundamentales, dijo que existe una inactividad procesal en expedientes entre 2 y 24 meses; no hay una actividad conciliadora y tampoco un registro de las mismas; hay incumplimiento de plazos y términos que establece la propia ley y reglamento; hay diversidad de criterios, es decir debería existir un criterio homologado y lo que encontramos es que no existe sobre todo en el ofrecimiento y desahogo de pruebas.
“También encontramos que existen deficiencias de las sustanciación de las quejas que se presentan ante la propia comisión; los problemas en el registro de quejas en el libro correspondiente; existen diversos criterios para determinar cuándo se concluye un expediente por falta de interés del quejoso; hay deficiencia al asentar constancias por parte del personal de las visitadurías; hay deficiencias en las notificaciones personales en las mismas notificaciones por estrados y por otros medios. Aspecto importante que recalcamos es la falta de actividad del personal adscrito a las visitadurías para solicitar pruebas periciales y seguimiento a las mismas”.
Encontraron rezago en la atención de expedientes de queja de los años 2016, 2017 y 20218, además hay períodos de inactividad injustificada por más de 30 días, y subrayó que “un elemento fundamental que encontramos en la auditoría es que el perfil y la formación del personal adscrito, principalmente, en las visitadurías y en el Centro de Investigación y Capacitación no cumplen con el perfil deseado para desempeñar dichas labores”.
Esos resultados fueron calificados por el despacho como ‘desalentadores’ por lo que la Ombudsperson dijo que si estas deficiencias derivan en alguna responsabilidad contra de algún servidor público se hará ya sea ante el Órgano de Fiscalización (OFS) como en las instancias judiciales correspondientes si fuera el caso.
