El Comité para la Libertad de los Presos Políticos en Puebla precisó que la detención se hizo en un esquema conocido: cuando se suspenden labores administrativas
El Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla abre el registro del primer preso político del gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta, se trata de Miguel López Vega, ambientalista y líder comunitario quien es acusado de oposición a una obra que contaminará el río Metlapanapa.
Carolina González Barranco, representante del Comité que en el sexenio de Rafael Moreno Valle documentó la brutal represión ejercida contra activistas, llegando al registro de 362 presos y procesados políticos, anunció que este sexenio al parecer, empezará la documentación que pensaron, había quedado atrás.
“Estamos atestiguando la configuración del primer expediente judicial en contra de un opositor, el primer preso político del gobierno estatal poblano, y lamentamos mucho que en esta causa estén implicados funcionarios que se dicen de izquierda, como David Méndez Márquez. Demandamos por lo tanto que no se judicialice la protesta social y se libere a Miguel López Vega en los términos que dicta la ley”, señaló el Comité en un pronunciamiento que fue leído en rueda de prensa.
“Pensamos que la represión y el castigo a la disidencia que vimos en el sexenio pasado ya estaba en el baúl de los recuerdos, pero con la detención del ambientalista Miguel Vega, este Comité abre su registro nuevamente”, asentó González Barranco.
Dijo que la parte preocupante de esta nueva represión a los movimientos sociales es que se hace desde gobiernos con la posición de izquierda, que al menos en el discurso se ha pronunciado por los derechos humanos, que es cercano a la población y que privilegia el diálogo.
Precisó que la detención del ambientalista se hizo en el esquema conocido: en un viernes, cuando se suspenden labores administrativas.
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“Como Comité, no quisiéramos volver a la penosa actividad de registrar la represión, hacemos un llamado a la Secretaría de Gobernación, al gobernador del estado Miguel Barbosa Huerta para que no se castigue la disidencia y lo más importante, para que se otorgue la libertad inmediata a Miguel López Vega”
“Lejos de corregir, en las últimas 72 horas, en el ejercicio de quien sustituye a Carrancá como encargado de despacho en la Fiscalía Estatal, Gilberto Higuera, designado por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, estamos atestiguando una preocupante y lamentable reproducción de las peores prácticas de malversación de justicia en el estado vividas en los sexenios pasados.
Este pronunciamiento se emite luego de que el viernes 24 de enero fuera aprehendido Miguel López Vega, al salir de una reunión en la Secretaría de Gobierno estatal que encabeza David Méndez Márquez.
López Vega es autoridad comunitaria de Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla, y se había reunido junto con compañeros suyos para informar al director general de Gobierno, Víctor Flores, del resultado obtenido en el ejercicio del derecho colectivo de su comunidad a adoptar usos y costumbres para la designación de autoridades.
“Esta acción de fuerza no hace sino crispar la tensión existente por la oposición de esta comunidad a la obra de vertido de drenaje en el cauce del río Metlapanapa, oposición de la que Miguel López participa activamente.
“Un gobierno que se dice de izquierda, está de esta manera, dando continuidad a las acciones del morenovallismo; parece manifestarse incapaz de privilegiar el diálogo, transparentar sus proyectos ante sus gobernados y buscar soluciones conjuntas”, sostuvo
Carrancá debe comparecer y explicar la persecución política
Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla también denunció que el pasado 5 de diciembre de 2019, el Fiscal General del Estado con licencia, Víctor Antonio Carrancá Bourguet, presentó su renuncia al cargo ante el Congreso del Estado de Puebla, ante la inexplicable pasividad del gobierno estatal
“Los representantes populares la aceptaron la renuncia a Carrancá sin objeciones y el ejecutor de la mayor represión social de que se tenga memoria en Puebla, envilecedor de toda noción de procuración de justicia, desvencijador de la institución a su cargo y el mejor garante de la impunidad hacia la criminalidad en el estado ha salido por la puerta principal sin problema alguno”, acusó la representante del Comité.
“Cierto es que todo servidor público tiene el derecho de separarse de su cargo en el momento que lo desee, empero, los poderes del estado que se encuentran a cargo de aceptar dicha separación están obligados a evaluar su desempeño público; en caso de permitir su salida sin ningún tipo de rendición de cuentas, revisión o auditoría sobre su paso al frente de una institución, podrían suscitarse acciones de complicidad al dejar expedientes “limpios” de servidores que acumulan innumerables conductas públicas de corrupción, arbitrariedad y aun aquellas que podrían ser calificadas de delictivas”.
El Comité se pronunció por la falta de evaluación del servicio prestado por funcionarios que está dando lugar a que verdaderos ejemplares de corrupción y cinismo político busquen obtener un premio por su desempeño.
Citaron los casos el del ex presidente de la CEDH, Adolfo López Badillo, quien aspiró a encabezar la Comisión Nacional de Derechos Humanos; o del ex presidente del IEE, Jacinto Herrera Serrallonga, aspirante a un cargo de magistrado en el Tribunal Electoral Federal; ambos, después de los deleznables papeles desempeñados al frente de esas instituciones locales.
“Carrancá Bourguet llegó a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado en febrero de 2011; convertida en Fiscalía; fue ratificado como titular hasta diciembre de 2022. Sin embargo, durante el desempeño de su función, Carrancá deformó el concepto de procuración de justicia; en su lugar, ejerció a tono con los gobiernos autoritarios a los que sirvió, concentrando el poder de la Fiscalía al servicio del poder en turno, encubrió sin recato los oscuros intereses del morenovallismo, y convirtió a Puebla en un laboratorio donde se fabricaron expedientes delictivos para someter y acallar a la disidencia política, poniendo la infraestructura institucional y sus recursos humanos y materiales al servicio de la represión”.
“Los caprichos del gobernante marcaron la pauta del actuar de la institución que él encabezaba. Así, lejos de ser la brutal incidencia delictiva, la extracción ilegal de hidrocarburos, o los feminicidios sus pendientes por resolver, la prioridad fue lograr el silencio de todas las voces disidentes, de todos aquellos actores o movimientos organizados que pudiesen hacerle contrapeso”.
El Comité exigió al Gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, al Congreso, al Auditor Superior y a la Secretaría de Gobernación, manifiesten una postura clara frente al desempeño público que tuvo Víctor Carrancá al frente de la Procuraduría y Fiscalía del Estado.
“… y si les mereciera alguna revisión su paso al frente de la misma y la situación jurídica, material y financiera en la que la dejó al concluir su cargo”, anexaron.
Larga lista de persecuciones y delitos inventados
Entre los casos representativos del proceder autoritario, arbitrario y fuera de toda legalidad, el Comité citó los casos de:
Néstor López, quien fue reprimido por dar like a una página de facebook que sugería realizar una protesta pacífica contra el entonces presidente Enrique Peña Nieto, durante su visita a la capital con motivo del primer desfile al cual él asistiría en tiempo de Moreno Valle, ese hecho le valió haber sido levantado, torturado y procesado.
Enedina Rosas Vélez, presa por negarse a firmar los papeles de los ejidatarios que representaba en San Felipe Xonacayucan, su firma validaría el hecho que bajo sus tierras pasara un ducto que transporta gas metano en una zona de peligrosidad volcánica.
Adán y Paul Xicale, presos por defender el patrimonio cultural de Cholula.
Francisco Castillo Montemayor, preso por cuestionar las acciones en materia ambiental del entonces mandatario estatal.
Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio” quien, al negarse a entregar la organización de ambulantes que lidera, fue víctima de una terrible persecución que lo alcanzó a él, a su familia y miembros de la organización a quienes se les privó de la libertad, sumando además los actos de intimidación a otros integrantes de su familia, así como la aún no esclarecida muerte de Meztli Sarabia Reyna, en junio de 2017.
“Entre los miembros de este Comité contamos, también, con la amarga experiencia de los allanamientos y la arbitraria detención y proceso aún abierto que padecen los más jóvenes de nuestros integrantes con la intención de relacionarlos con actos terroristas en medio de un contexto electoral.
“No son sólo estos casos, en total nosotros documentamos, a lo largo de estos años, más de 350 personas entre perseguidos, procesados y presos que pusieron en evidencia el cómo la Fiscalía se doblegó hacia intereses facciosos ajenos a su institucionalidad.
“Cabe señalar que de los ejemplos referidos, todos alcanzaron la absolución; es decir, se demostró judicialmente que en realidad nunca existió delito que perseguir, sino que se pasó encima de la ley para fabricar procesos penales.
“¿Cómo es posible que con tales “joyas de servicio público” que fueron del dominio público de los poblanos, conocidos a nivel nacional y documentables en los archivos de la misma Fiscalía, ahora resulte que, quien fuese el responsable ejecutor de todas esas tropelías, renuncie al cargo y se le acepte la renuncia como si no hubiese ocurrido nada anómalo en su gestión? Nos parece muy grave que el gobernador hubiese manifestado, luego de su renuncia, “No conozco circunstancias relacionadas con su desempeño”, enfatiza el pronunciamiento.
El Comité consideró que como cualquier otro servidor público, el exfiscal Carrancá está obligado por mandato de la ley a rendir cuentas de su gestión y asumir las responsabilidades que deriven de sus actos al frente de esas instituciones; en consecuencia, las autoridades están en el deber de exigir esas cuentas sobre su actuación como servidor público.
“Sería una incongruencia, conocida públicamente la malversación de los bienes propios e incautados en la institución que tuvo lugar durante su gestión, así como el desmantelamiento institucional advertido por el actual encargado de despacho al tomar posesión; que no se exija, por lo menos, una auditoria a la gestión de Carrancá”.
El Comité Para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla reitera su convocatoria pública a todas aquellas personas que se hubiesen visto afectadas por la actuación anómala de la Procuraduría/Fiscalía durante el tiempo en que Víctor Antonio Carrancá Bourguet fue titular, para que presenten ante las instancias legales correspondientes las denuncias por hechos que hayan tenido apariencia de delitos cometidos por los servidores públicos de esa dependencia u otras, a fin de colaborar en la restauración del Estado de derecho en Puebla.
