El Diario Oficial de la Federación publicó la ley en la materia que establece un plazo de 365 días para que las legislaturas homologuen sus ordenamientos.
A partir de hoy la legislatura local tiene un año de plazo para armonizar sus leyes con la Ley General de Archivos, que este fin de semana fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entró en vigor para regular la clasificación, resguardo y transparencia de la documentación oficial.
La ley prevé que a partir de la aprobación de las reformas en la materia, el congreso local tiene un plazo de seis meses para crear el Consejo local dedicado a construir los lineamientos y procesos para la organización de la información documental, cuyo presidente deberá integrarse de inmediato al Consejo Nacional.
Del mismo modo, a partir del presupuesto de egresos de 2019, los Congreso en los estados de Puebla y Tlaxcala deberán realizar las adecuaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones. La ley insiste en señalar la importancia de la adecuación de las leyes locales con la Ley General de Archivos, como la base estructural para garantizar el derecho al acceso a la información pública, vinculada al Sistema Nacional de Transparencia. Al Consejo local deberá integrarse el Archivo General de la entidad, así como los municipios para implementar las políticas en la materia.
El Sistema Local de Archivos será el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, instrumentos, procedimientos y servicios tendientes a cumplir con los fines de la organización y conservación homogénea de los archivos.
La ley establece penas de tres a diez años de prisión y multa de tres mil a cinco mil veces la unidad de medida y actualización a quienes distraigan, oculten, mutilen, destruyan o inutilicen información y documentos de archivo, sanciones que deberá adecuar la entidad de acuerdo a sus contexto.
