Congreso local tiene 18 meses para aplicar consulta ciudadana entre comunidad indígena y personas con discapacidad para proceder
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), invalidó algunos artículos de la Ley de Educación Superior de Puebla, luego de no contemplarse una consulta ciudadana entre comunidades indígenas y personas con discapacidad.
Durante la sesión virtual, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, explicó que esta ley se avaló por mayoría de votos en el Congreso del Puebla el pasado 18 de mayo de 2020, pero se descuidó a este sector de la población.
Mencionó que en esta reforma se debieron contemplar criterios sobre la educación indígena, educación humanista y educación inclusiva, tomando en cuenta que este sector de la población enfrenta algunas complejidades para acceder a este derecho.
Por lo anterior, mencionó que el Congreso del Estado de Puebla tiene 18 meses para aplicar esta consulta ciudadana y con ello reforzar los criterios de ecuación para la comunidad indígena y personas con discapacidad.
“Debe tener un carácter abierto de que se facilite el dialogo democrático y busque la participación de los grupos involucrados, el acuerdo surte efecto hasta que venza el plazo de los 18 meses en los que se concede”.
Cabe señalar que la SCJN hace observaciones en los artículos 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 de la citada ley que se avaló por mayoría por parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
En ellos, se hace hincapié sobre los derechos educativos, culturales y lingüísticos de quienes habitan en comunidades indígenas, afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas respectivamente, donde se explica que las autoridades contribuirán al conocimiento, aprendizaje, reconocimiento, valoración, preservación y desarrollo de la tradición oral y escrita indígena, además de sus lenguas.
Sin embargo, jamás se detallaron los mecanismos para lograr lo anterior, que por eso los ministros están pidiendo la consulta ciudadana y con ello, establecer los lineamientos legales en esta ley avalada por el Congreso de Puebla.
